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Columnas

Deuda de Coahuila sigue guardada bajo siete llaves

@CapitolioGHG jue 12 oct 2017 21:38
Moreira dejó un estado endeudado
Moreira dejó un estado endeudado
Foto propiedad de: Internet

 

 

Entre el gobierno de Enrique Martínez y el de Humberto Moreira, la deuda bancaria de Coahuila creció de cero a 36 mil millones de pesos. El escándalo alcanzó un nuevo pico el 22 de septiembre cuando los diputados del PRI aprobaron la tercera reestructura en un lapso de seis años. Desvincular los pasivos del Fondo General de Participaciones mejorará la calificación crediticia y reducirá las tasas de interés sin modificar el monto actual de 37 mil millones de pesos, asegura el Congreso en una nota.

El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y otros sectores han puesto en tela de juicio los supuestos beneficios de la renegociación y censurado el sometimiento de la mayoría priista, algunos de cuyos integrantes son los mismos que legalizaron la deuda adquirida con documentos falsos. Según Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, excandidatos al gobierno, el débito crecerá en las semanas que restan de la administración y terminará de pagarse hasta el año 2047; es decir, en las cinco próximas administraciones.

Armín Valdés Torres, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia y aspirante a fiscal general, apareció en escena solo para atizar la indignación ciudadana. Anunció que la contratación ilegal de créditos por dos mil millones de pesos quedará sin castigo, pues ya venció el plazo para sancionarla, pero reabrió la cloaca. “(El delito) prescribió porque no se hizo la averiguación, se ocultaron documentos para que al final no hubiera sentencias condenatorias. Nosotros (…) hicimos ver todas las anomalías en la integración de la averiguación previa”, dijo, acaso para deslindar al Tribunal del atraco” (SDPnoticias, 26.09.17).

La declaración Valdés “merece una acción decidida e inmediata de los ciudadanos coahuilenses”, advirtió Javier Guerrero en un comunicado. “Es impostergable (…) que exijamos un castigo ejemplar para quienes actuaron en complicidad y encubrieron el mayor y más grave ilícito cometido en contra de las finanzas públicas (…). No basta decir qué no se hizo. Exijamos a los órganos judiciales castigo a los omisos y a los cómplices. (…) a quienes obstruyeron la justicia. (No hacerlo) sentaría un precedente de impunidad y de ilegalidad”, precisó.

El exsecretario de Finanzas llamó a la movilización social. “Coahuila está en una crisis constitucional, porque quien hoy debe preservar el Estado de derecho, lo violenta. Hoy que estamos en el proceso de nombrar un fiscal general (…) debemos exigir a quienes se postulan (que) tengan el talante de castigar los delitos que han afectado a nuestra entidad y la enajenan por más de dos generaciones a tener bajos ingresos y pocos recursos para el desarrollo”.

Solo prescribieron los delitos de falsificación de documentos, aclara Armando Guadiana. “Siempre ha habido un afán de proteger a Humberto Moreira… no se van al fondo del desvío de recursos públicos” (Vanguardia, 27.09.17). Según la nota, “fuentes del gobierno del estado aseguraron que el caso no ha prescrito, ya que aún está abierta la indagatoria en contra de Javier Villarreal”, además de que la Procuraduría de Justicia pidió su extradición.

El delito por esfumar dos mil millones de pesos pudo haber prescrito, como dice Armín Valdés, pero lo que no se extingue es el malestar ciudadano por una deuda espuria de la cual jamás se informó y cuyo destino es un secreto guardado bajo siete llaves.