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Columnas

Cuidado con la “justicia” norteamericana; pone en riesgo a las democracias en América Latina

@rogantopedre mié 11 oct 2017 17:45
Honduras ha extraditado 14 capos, ha destruido 150 narcopistas y 12 laboratorios.
Honduras ha extraditado 14 capos, ha destruido 150 narcopistas y 12 laboratorios.
Foto propiedad de: Internet

Los Estados Unidos tienen una particular visión de la justicia, en la que no les importa hacer concesiones a los criminales con tal de intentar llegar a la verdad. En el origen, no es una práctica mala. Ahorra tiempo, esfuerzo y recursos a la burocracia, pero como todo en la vida, corre el riesgo de ser pervertida por su uso excesivo y porque la mayoría de las veces no está acompañada de más investigaciones.

Los llamados “ex delincuentes colaboradores” de la autoridad norteamericana, son personajes que conocieron e incluso, que participaron directamente en crímenes y en otras violaciones a la ley, pero con el fin de allanarle el camino a las investigaciones, declaran todo lo que saben, entregan a sus jefes o a sus cómplices y por supuesto, dan detalles del dinero, propiedades, valores y empresas que se obtuvieron como producto de la actividad ilícita.

De hecho, esta última, la del dinero, es la principal motivación de las autoridades que investigan delitos en el país del norte, cuando tratan con un personaje dispuesto a abrir la boca y a dar detalles de la actividad ilegal en la que participaban.

Y hay una razón que poco se conoce. En el caso de los decomisos a narcotraficantes o políticos corruptos, una vez que se determina la legalidad o ilegalidad del dinero y las víctimas del crimen sean compensadas, el Departamento de Justicia, bajo una ley llamada “Ley de Distribución equitativa de fondos” reparte el dinero sobrante a los departamentos de policía que hayan estado involucrados en la investigación del caso.

En el caso de los decomisos de dinero a narcotraficantes, por ley, 65% va al departamento que confiscó, y el 35% restante se divide entre el estado y los fiscales para continuar operaciones antidrogas.

Con ese aliciente económico, más que procuradores de que haya justicia, esos dineros convierten a los policías norteamericanos en una especie de modernos cazarecompensas y de ahí que ellos sean los primeros interesados en que los jueces les dicten órdenes de detención y sobre todo, incautación de cuentas bancarias y propiedades, partiendo incluso solamente de dichos o señalamientos de delincuentes arrepentidos.

La varita mágica que han encontrado estos agentes ávidos de engordar los recursos de su corporación, es el escándalo mediático. Por eso facilitan el acceso a los medios de los expedientes y declaraciones, para que la opinión pública haga el resto. El problema viene cuando aprovechando esa disposición de las corporaciones policiales, los delincuentes arrepentidos, aprovechan los espacios para pasar factura a sus adversarios o a quienes les hicieron la vida imposible en sus negocios.

 

Un caso así está ocurriendo en Honduras, con un ex narcotraficante llamado Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien una vez cercado por las autoridades de aquel país, prefirió negociar su condena y su dinero con agencias norteamericanas antes de ir a parar a una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Tegucigalpa. Para los norteamericanos no es importante los 78 homicidios que este capo confesó haber ordenado; para ellos, lo importante es incautar.

Este personaje, aprovechando que hay elecciones en ese país el próximo 26 de noviembre, ha lanzado acusaciones en contra del presidente Juan Orlando Hernández, sugiriendo que recibió dinero ilegal en su campaña de 2013 pero sin aportar más prueba que un “me enteré”, que más bien lleva tufo de venganza contra un gobernante que si bien tiene una opinión desfavorable de un tercio de sus conciudadanos, es reconocido en Estados Unidos por haber disminuido un 50% la violencia en ese país centroamericano con medidas de tolerancia cero a la delincuencia, Las Maras incluidas.

Como era de esperarse, los adversarios políticos del presidente hondureño han utilizado las afirmaciones carentes de prueba del narcotraficante para golpearlo, y para tratar de afectarlo en su campaña por la reelección, olvidando que el que tiene la obligación de probar sus dichos es el que acusa, no el acusado, y perdiendo de vista intencionalmente, que una vez que el narcotraficante expresó su dicho, los fiscales norteamericanos han expresado que no han tenido prueba en sus manos de que haya ocurrido lo que aquél dijo.

Como puede apreciarse de este caso, es un peligro que la justicia otorgue beneficios y demasiada credibilidad a delincuentes que no tuvieron el menor de los escrúpulos para ordenar asesinatos. Un funcionario corrupto que devuelve lo mal habido, bien. Pero con los asesinos no debería haber clemencia ni la posibilidad de negociar la paz, como lo está proponiendo en México Andrés Manuel López Obrador.

Lo que ocurre en Honduras nos deja una lección: el afán mal entendido de “hacer justicia” en un tema que lastima tanto como el del narcotráfico, puede poner en riesgo nuestras incipientes democracias, porque los delincuentes estarían aprovechando los reflectores para vetar a autoridades que no fueron dóciles con ellos. Honduras ha extraditado 14 capos, ha destruido 150 narcopistas y 12 laboratorios. El narco tiene razón de sobra para odiar y para tratar de desacreditar a un gobierno así.