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Columnas

Reforma en justicia laboral: ¿Revolución silenciosa?

@DipRomeroTnorio mar 18 jul 2017 16:08
¿Será a cargo del presupuesto federal o el de cada entidad de la federación?
¿Será a cargo del presupuesto federal o el de cada entidad de la federación?
Foto propiedad de: Internet

  La reforma en justicia laboral representa cambios radicales en la regulación de las relaciones obrero patronales, por lo que un mal diseño que no atienda a los derechos de los trabajadores construye en forma silenciosa una revolución de los trabajadores.

Con la publicación del decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017-- se crea un nuevo sistema de justicia laboral y se establecen bases para regular las relaciones de trabajo que tienden a eliminar los derechos colectivos e individuales del trabajo creados en el siglo pasado. 

Las bases constitucionales en la reforma a la justicia laboral presentan retos no solo para los sectores involucrados como empresas, sindicatos y gobierno, ya que se exige aún más: garantizar los derechos de los trabajadores en el marco de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

El debate en la construcción de las leyes secundarias aún no se ha generado, los foros que se han realizado a la fecha solo han sido referentes para ubicar las dimensiones administrativas y presupuestales que genera la reforma.

 

En otras palabras, no ha existido aún una propuesta integral que atienda las diferentes aristas que genera la reforma.

En la parte administrativa, se deben garantizar los derechos de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el proceso de transición de los asuntos laborales a las instancias de los poderes judiciales federal y estatales. Lo anterior implica dos rutas: determinar procedimientos para la inclusión a través de la capacitación y evaluación de estos trabajadores en el nuevo sistema o bien determinar su proceso de liquidación.

 

Cualquiera de las dos salidas requiere de recursos económicos que aún no se han determinado ni cuál será su fuente. ¿Será a cargo del presupuesto federal o el de cada entidad de la federación?

El nuevo sistema sin lugar a duda modificará la regulación de los Contratos Colectivos o de “protección” de los que pende la estabilidad laboral en la mayoría de las empresas. Por ejemplo, en 2016 en las Juntas de Conciliación y Arbitraje se registraron más de 6,000 emplazamientos a huelga en el país, de los cuales 48% tenían como objeto la revisión del contrato colectivo. Acción legal que se distorsiona por la corrupción en beneficio no solo de los representantes sindicales sino también de las empresas que “compran” medidas de seguridad frente a los trabajadores.

El nuevo sistema exige la revisión de la “afiliación voluntaria” de los trabajadores a las organizaciones sindicales. El reto es regular la cláusula de exclusión, con la cual el sindicato decide el ingreso o separación de los trabajadores a la empresa.

La justicia laboral será impartida por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, consecuentemente desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto Federales como locales. Para acceder a la justicia laboral se exige agotar la fase de conciliación, misma que estará a cargo Centros de Conciliación y Arbitraje como instancia prejudicial, a la que obligadamente deberán acudir trabajadores y patrones. Estos centros serán organismos descentralizados dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán organismos descentralizados. La conciliación constará de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes durante el tiempo que de común acuerdo determinen. 

Se modifica el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales lo que viene a afectar el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, a través de la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias, además de que tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal. Con ello se otorga un poder enorme en las relaciones de sindicatos y empresas, puesto que de éste dependerá la ilegalidad o legalidad de las acciones de sindicatos en todo el país.

El titular de este nuevo órgano descentralizado será propuesto por el Ejecutivo Federal al Senado de la República a través de una terna, de la cual previa comparecencia de las personas interesadas, realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes o durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

 

Esta designación que debe hacerse a más tardar el 25 de febrero de 2018.

La reforma obliga a la revisión del proceso laboral, en el cual deberán de observarse los principios de imparcialidad, afectando la justicia social que atiende a la asimetría de condiciones y capacidades legales de los trabajadores y de los patrones.

¿Cómo garantizar los derechos humanos de los trabajadores en el nuevo sistema de justicia laboral? ¿Cómo atender la asimetría en las capacidades legales de trabajadores y patrones? ¿En qué instancia –conciliatoria o judicial- se interrumpe la prescripción de los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles serán los mecanismos para ejecutar sentencias laborales? Estas, son algunas interrogantes que deben atender tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, quienes deben realizar las adecuaciones legislativas a más tardar el 25 de febrero de 2018. 

En este contexto, en la Cámara de Diputados tomamos la iniciativa para llevar a cabo el Foro “RETOS PARA LA TRANSICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL” (18 y 19 de septiembre) motivados por la necesidad de construir espacios de discusión para la búsqueda de estrategias efectivas acorde a las necesidades de la realidad jurídica actual, que garanticen los principios de legalidad, eficacia, imparcialidad, rendición de cuentas y transparencia en la impartición de justicia laboral; las cuales deberán considerar las diversas instancias de gobierno local y federal, para un adecuada transición hacia los Tribunales que impartirán justicia Laboral a partir de la reforma constitucional a los artículos 107 y 123.

Es por ello urgente escuchar las voces de las perspectivas de los sectores sindical, empresarial, de los trabajadores, investigadores, académicos, abogados postulantes, autoridades que imparten Justicia Laboral y Legisladores, así como de la sociedad en general, quienes exigen una justicia de calidad, pronta y expedida, que no vulnere el Derecho Social, que combata la corrupción y que cumpla, por último, con los más amplios estándares en materia jurídica.

Si desea participar, contáctenos. Informes con la Lic. Karina Copado Araujo, en el teléfono 5036 0000 ext. 56454 o al móvil: (044) 55 20952212, o al correo [email protected] JUAN ROMERO TENORIO  DIPUTADO FEDERAL