domingo 23 de julio de 2017 | 01:47
Columnas

¿Quién investiga a los Presidentes Municipales?

@LeonardoFS__ dom 16 jul 2017 11:59
Se requiere un órgano especializado que investigue.
Se requiere un órgano especializado que investigue.
Foto propiedad de: Internet

Una más de las deficiencias del Sistema Estatal Anticorrupción en Hidalgo, que confirma a los municipios como “paraísos de corrupción”, lo constituye la indeterminación de la facultad de investigar y sancionar a los Presidentes, Síndicos y Regidores de los Municipios por faltas administrativas.

Hace casi un año, al descubrir la existencia de “aviadores” y nepotismo en la administración municipal de Gerardo Olmedo Arista, Presidente Municipal de Cuautepec de Hinojosa, tomé la decisión de denunciar los hechos para que se investigaran y sancionaran.

En la lista de aviadores había familiares y un comerciante de nombre Víctor Manuel Serrano Martínez, quien tenía una tienda de productos Herbalife muy cerca de las oficinas de la Presidencia y era conocido por proveer de productos ya preparados al Presidente Municipal como si de un mesero se tratara, aunque sin descuidar su negocio. Nadie sospechaba que Víctor Manuel percibía un salario de $11,324.00 (Once mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) mensuales como supuesto Secretario Particular, hasta que dimos a conocer la nómina y los propios servidores públicos municipales nos informaron de forma anónima a través de Facebook, que su verdadera función consistía en “proveer de tés al Presi”.

Lo primero que hice fue revisar en la ley qué autoridad tenía que recibir la denuncia y lo siguiente era descifrar el procedimiento a seguir.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Hidalgo establece que, tratándose de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, el Congreso es quien tiene la facultad de sancionarlos, sin embargo, no se precisa qué órgano o área del Congreso se encarga de recibir las denuncias y quién de investigar. En una suerte de “interpretación de la ley” decidí que la denuncia sería presentada ante la Contraloría Interna porque el artículo 202 ter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que ésta tiene la facultad de “recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen con motivo del presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas”, no obstante, el Reglamento de esta Ley precisaba que esta facultad se limita a los servidores públicos del Congreso. Algunos acertadamente dirán que la facultad debe ser de la Auditoría Superior, no obstante, ninguna norma lo reconoce, por lo que, al dar seguimiento a la denuncia, la respuesta que recibí fue un total desconocimiento del trámite a seguir y terminé por sentirme frustrado y lo dejé en el olvido.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación creada para que las entidades federativas adecuaran su marco normativo para combatir la corrupción, conservaba la esperanza de que algo se hiciera en favor de los municipios, pero nada pasó. Los municipios fueron ignorados por los diputados y diputadas, tanto a nivel federal como en lo local. El vacío es enorme porque dar al Congreso, así en general, la facultad de sancionar a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores que cometen faltas administrativas, es igual a no darle nada, porque se vuelve inoperante.

Se requiere un órgano especializado que investigue, que se allegue de pruebas y que, en su caso, elabore un dictamen o resolución que, entonces sí, el Congreso apruebe o no, a través de los diputados. También se requiere precisar el procedimiento a seguir para dar certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a quienes sean acusados y, sobre todo, se necesita demostrar que existe una verdadera disposición de combatir a la corrupción porque dejar esta facultad en el Congreso, deja muy abierta la posibilidad de que un asunto de interés público se oscurezca con argumentos políticos más que jurídicos y objetivos.

En otras palabras, los legisladores de Hidalgo tuvieron la posibilidad de precisar de qué manera investigarían y sancionarían las responsabilidades administrativas de los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores para que el mecanismo realmente funcionara; también pudieron ir más allá y crear un sistema autónomo que redujera al mínimo el riesgo de politizar el combate a la corrupción en los municipios; y simplemente no hicieron nada.

El futuro próximo de los municipios de Hidalgo en materia de combate a la corrupción es oscuro y sólo afecta a los ciudadanos que desde hace mucho ya no creen en nadie. La confianza en las instituciones municipales seguirá por los suelos y la esperanza de cambio seguirá siendo eso: una esperanza. @LeonardoFS__