México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que abrió un expediente para investigar el presunto espionaje contra periodistas y activistas, que dio a conocer el diario estadunidense The New York Times.

En un comunicado, el ombudsman Luis Raúl González Pérez señaló que el espionaje a periodistas afecta “nuestro sistema democrático, en tanto que vulnera los derechos a la libertad de expresión y a la información, a la vez que debilita la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones”.

Asimismo, señaló que la denuncia de los presuntos afectados “debe tener como respuesta una investigación pertinente y debida de los hechos denunciados, que aclare la verdad de los mismos a efecto de que se juzguen al amparo de la ley”.

Además, indicó, esta investigación deberá realizarse “bajo condiciones que garanticen niveles razonables de transparencia y credibilidad, que pongan en evidencia la imparcialidad de las instancias que las lleven a cabo, respecto de los presuntos responsables de ese ilícito.

La CNDH también llamó al Poder Legislativo federal para que, en el ámbito de sus competencias, “revise y actualice la normativa existente en materia de actividades de espionaje e inteligencia en el país, para que se regule con claridad y transparencia la realización de las mismas, previniéndose que se lleven a cabo de manera ilegal”.

Esa regulación, resaltó, deberá comprender desde aspectos tales como la adquisición de equipos e insumos para el desarrollo de estas acciones, los términos y condiciones para la licitud de las mismas, hasta los criterios y protocolos para el uso y destino de la información que se obtenga.

Esta regulación, puntualizó: “deberá comprender desde aspectos como la adquisición de equipos e insumos para el desarrollo de estas acciones, los términos y condiciones para la licitud de las mismas, hasta los criterios y protocolos para el uso y destino de la información que se obtenga”. 

Finalmente, la CNDH señaló que a partir del expediente que abrió sobre este caso, solicitará a las dependencias e instancias señaladas como responsables la información que le permita realizar, en el ámbito de la protección y defensa de los derechos fundamentales, una investigación puntual sobre las posibles violaciones de derechos humanos que se hubiesen verificado para emitir, en su oportunidad, el pronunciamiento que corresponda.