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Nacional

Silvestre, un caso de pederastia clerical. Última parte: La Cruzada

Diego Osorno / SDPNoticias.com lun 09 ene 2017 19:04
Foto propiedad de: Especial

La investigación judicial que llevó a Silvestre a la cárcel fue realizada exclusivamente por mujeres.

Ileana Aracely Hernández Gómez, fiscal especializada en delitos contra la mujer y la niñez de Oaxaca, se enteró de los abusos del sacerdote Gerardo Silvestre, a través de una noticia aparecida en los periódicos locales, donde se reseñaba la denuncia pública que había hecho el grupo de párrocos liderado por el padre Manuel Arias, luego de que el Arzobispado y El Vaticano decidieran encubrir los actos de pederastia cometidos en diversas comunidades indígenas del estado.

Cuando la fiscal leyó la denuncia, sabía que tendría que actuar ya que los delitos contra menores se investigan de oficio. Al mismo tiempo se preguntaba cómo se enfrentaría a un reto así. “Reconozco que yo soy católica y que en ese momento entra como un choque con mi creencia. Pero en lo personal, yo creo firmemente en mi religión, creo en dios, aunque tengo mis dudas, a veces, con respecto a los hombres que dirigen las iglesias”, explica. La fiscal entendió que tenía que quitarse sus prejuicios, conocimientos y demás para realizar su trabajo.

Cuenta que lo que hizo fue ponerse “el velo de ignorancia” que sugiere el filósofo John Rawls a quienes tienen que administrar o procurar justicia. “Y este velo de ignorancia significaba para mí, primero, que yo era la fiscal. No Ileana Aracely Hernández Gómez, producto de tal contexto social, cultural, de esta familia, de esta educación. No. Yo soy la fiscal. Y con ese velo de ignorancia tengo que realizar esta investigación”.

La fiscal pidió lo mismo al resto de sus compañeras que al igual que ella también son creyentes. La investigación judicial que llevó a Silvestre a la cárcel fue realizada exclusivamente por mujeres, ya que en ese momento laboraba ningún hombre en la instancia especial. 

Las agentes acudieron a los pueblos indios en los que supuestamente se habían dado las agresiones en contra de los niños. A la par, buscaron al Arzobispo José Luis Chávez Botello, para confirmar que Silvestre fuera miembro de la Iglesia local y precisar las comunidades en las que había dado servicio.

Las agentes recopilaron mucha información en los pueblos: “Que a fulanito también lo violaron”. “Y a sutanito lo tocaban”. “Y tal iba y bebía”. “Sabemos que el de aquí de la esquina”. Los testimonios eran recolectados de casa en casa. Después de presentarse, explicaban el motivo de su presencia. Algunas familias se molestaban: “Está dándome a entender que mi hijo es un homosexual, y eso no es cierto”, pero la mayoría se sorprendían: “¿Quién les dijo?” “¿Quién les avisó?” “Mi hijo no”. En algunos casos, los familiares se negaban, pero con el transcurso del tiempo buscaban a las agentes para dar su versión, aunque no siempre decidían iniciar el proceso judicial respectivo.

Pasaron varios meses para que algunas de las víctimas recibieran terapia psicológica y pudieran entender que eran víctimas de un delito y que no eran culpables, como muchos de ellos creían. Las psicólogas les explicaban que el único responsable era el agresor, porque aún cuando hubiera habido consentimiento para el hecho, se trataba de menores de edad y el responsable era exclusivamente el adulto. Estas terapias aportaban también evidencia necesaria para acreditar la responsabilidad de Silvestre.

Los padres recibieron también tratamiento especial para ayudarlos con el sentimiento de culpa prevaleciente. “¿Por qué no me di cuenta?, ¿por qué no actué?, ¿por qué lo permití? o ¿cómo es que yo dejaba que mi hijo fuera constantemente a la iglesia?”, se cuestionaban. Algunas de las madres participaban en las labores de la iglesia su lamento era mayor: “¿Cómo es posible que yo que ayudé al cura, que cumplí con todas mis obligaciones, que creo en Dios y me castigan de esta manera?”.

Además de los diagnósticos psicológicos, el expediente del caso incluye dictámenes médicos, declaraciones ministeriales de los padres, de algunos testigos, así como documentación oficial y eclesiástica, con la que se logró la consignación del sacerdote. Aunque las agentes detectaron decenas de casos, solo tres víctimas completaron el proceso penal. “Sabemos de familias que se cambiaron de localidad; tuvieron que salir de la localidad y se fueron a vivir a otro estado porque sus hijos eran señalados como partícipes, pero no supimos si hubiese sido así o no, el caso es que algunas de estas familias prefirieron salir de este lugar. La cifra específica de cuántos niños hubiesen sido dañados en el lugar, pues no la podemos decir en virtud de que no tenemos testimonios claros de estos niños o de sus padres o madres de familia”.

Para la Fiscalía no queda duda de que Silvestre, aprovechándose de su investidura de sacerdote, había logrado tener la confianza de estos jóvenes, los había incitado a consumir alcohol y a llevar a cabo situaciones de abuso, tanto por parte de él en tocamientos a los jóvenes, como entre los propios jóvenes. En el código penal de Oaxaca, la pederastia clerical como tal no está contemplada como un delito. Lo que sí se contempla son los delitos de violación, abuso sexual y el de corrupción de menores. La violación se define como la penetración del miembro viril o de cualquier objeto en alguna de las cavidades, mientras que el abuso sexual son los tocamientos en el cuerpo, y la corrupción de menores implica tocamientos, exhibicionismo, exponer a menores a la pornografía o motivarlos a efectuar actos sexuales entre ellos. Este último fue el delito por el que la Fiscalía consignó a Silvestre, pidiendo la pena máxima, que es de treinta años de cárcel, de acuerdo a las agravantes y el contexto en el que se cometió el delito.

Aunque el juez dio el auto de formal prisión y Silvestre se encuentra en prisión, aún no ha emitido sentencia.

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La sierra norte de Oaxaca es una región de alta marginalidad con caminos agrestes y en la que no pocos habitantes nunca han ido a la capital del estado. Varios de ellos tuvieron que hacerlo finalmente, para acompañar el proceso judicial que se inició en contra de Silvestre en la procuraduría de Justicia estatal.

Durante la investigación del caso, la fiscalía elaboró un análisis antropológico social en el que se reseña que en estas comunidades, los principales actores de la comunidad son el cura, el maestro y el médico. “Estamos hablando también de jóvenes que están en su preadolescencia o adolescencia, en donde el descubrimiento de su sexualidad, en una comunidad como esta, no hay una información clara acerca de estos temas. Había algunas localidades en donde solamente llegaban hasta la escuela secundaria, con un solo grupo, dos maestros, en fin: no hay una infraestructura grande, en materia educativa, que les permitiera tener el acercamiento de información”, explica la Fiscal.

Los padres y las madres de estos chicos suelen ser campesinos y en algunos casos, las comunidades ni siquiera cuentan con sistemas básicos de comunicación telefónica. “Hubo uno de los casos en los que nos manifestaban que habían acudido con las autoridades para hacerles ver la situación, pero como que no habían recibido alguna respuesta. Que en la propia comunidad, con las autoridades tradicionales de la comunidad, habían habido acercamientos, pero había mucha incredulidad, todos decían: 'No es posible que un cura venga y dañe a nuestros niños de esta manera'. No seguramente por protegerlo, sino simplemente porque era increíble que algo de estas dimensiones hubiera ocurrido en la región”.

Aunque la Fiscalía ha mantenido su apoyo psicólogico, la mayoría de las familias dejaron de tomarlo, en algunos casos por las complicaciones para viajar de la sierra a la ciudad, en otros porque decidieron olvidar la realidad en lugar de atenderla. “Nosotros tenemos interés en que muchos de estos casos se den a conocer para evitar que haya otras víctimas –dice la Fiscal, pero también el manejo de la información por parte de los medios es muy importante, porque en este caso algunos de ellos fueron expuestos a la burla, a la denostación (sic) en sus propias comunidades, y teníamos el caso de un chico que quería suicidarse, que simplemente ya no quería regresar allá, que quería retractarse de la denuncia, simplemente no porque no hubiera sucedido, sino porque ya tenía miedo, porque tenía vergüenza, porque lo empezaron a señalar como homosexual”.

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El caso de Silvestre representó quizá el mayor reto que han tenido las agentes que forman parte de la Fiscalía, ya que había mucha presión social en cada etapa del proceso, desde la investigación hasta la sentencia, pasando por la consignación y el auto de formal prisión que finalmente consiguieron. Entre las agentes había mucho estrés, porque a la par que hacían su investigación, atendían psicólogicamente a las víctimas y a sus familiares, acudían a las comunidades a tratar de contactar a más víctimas y debían contener la presión que hacían los medios de comunicación locales en ese momento. A la Fiscal le tocó ser cuestionada por grupos de la sociedad civil en reuniones nacionales, donde algunos activistas le recriminaban: “¿Y qué han hecho con este asunto?”. “No están haciendo nada”. “Están solapando al cura; no lo quieren detener”. La Fiscal debía guardar silencio para mantener los avances en secreto.

Las agentes debieron estudiar también derecho eclesiástico para poder interpretar diversos documentos que tenían en su poder. “¿Cuál es su nombramiento?, ¿desde cuándo está?, ¿qué funciones cumple?, ¿qué salario cubre?, ¿su horario de trabajo?…”

- ¿Tuvieron presión de la Arquidiócesis?

- En ese sentido, no. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestra función como autoridad, y lo que hicimos fue solicitar vía escrito la información necesaria para poder documentar nuestro expediente. El decir: “Esta persona sí pertenece al clero, a partir de cuándo, en qué iglesias había estado, si tenía un estilo de…”.

- ¿Investigaron también el delito de encubrimiento?

- En el caso de un delito en contra de un menor, sí podemos actuar de manera oficiosa, por llamarlo así, como lo hicimos aquí. Iniciamos investigaciones aún sin tener a las víctimas aquí, porque esa es nuestra obligación cuando se trata de un menor de edad. Pero en el caso del otro delito en el que se vulnere algún otro tipo de derecho, tendrá que presentarse una persona ante la autoridad y denunciar concretamente respecto a qué hecho se considera que se está violando determinada norma.

- ¿Le causa un orgullo especial que su Fiscalía haya sido la primera en consignar a un sacerdote por un caso así?

- Es un motivo de orgullo el haber logrado consignar este caso, tenerlo como un auto de formal prisión, y esperamos y confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia ejemplar en este caso, y que en Oaxaca estemos a la vanguardia en este tema, pero sobre todo porque eso dará la certidumbre a otras probables víctimas de este delito, porque no lo deseamos, pero es probable que pudieran existir otros casos en otras situaciones, y que las víctimas sepan que pueden contar con la autoridad; que no se va a encubrir a nadie, y que van a recibir justicia. 

Lee Lejanía (Primera Parte), La Revelación (Segunda Parte), Negación (Tercera Parte) y Encubrimiento (Cuarta Parte).