La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un duro posicionamiento luego de que se difundiera una lista de pensionados millonarios pertenecientes a distintas instituciones del Gobierno federal.
Durante la conferencia mañanera del viernes 20 de febrero, la mandataria fue cuestionada sobre los montos que reciben exfuncionarios de alto nivel y criticó las cantidades exorbitantes que existen actualmente.
La polémica se intensificó tras mencionarse el nombre de José Ángel Gurría Treviño, quien fue secretario de Hacienda y posteriormente director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que aparece en la lista de pensionados millonarios del Gobierno.
“Abusos y excesos”: así calificó Sheinbaum las pensiones millonarias
Tras el cuestionamiento, la presidenta Sheinbaum afirmó que estos casos representan “abusos y excesos” cometidos en administraciones anteriores.
Incluso ironizó sobre el caso de José Ángel Gurría, al señalar que, además de haber ocupado cargos de alto nivel con salarios elevados, actualmente recibe una pensión millonaria.
“Abuso, excesos. Imagínense cuánto ganaría Gurría como director de la OCDE y luego, aparte, ¿estar cobrando una pensión?”
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Sus declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dan en medio del debate nacional sobre los límites salariales y las jubilaciones de altos funcionarios públicos.
Reforma de Sheinbaum para poner tope a pensiones millonarias de exfuncionarios
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum también indicó que espera el respaldo del Poder Legislativo para aprobar una reforma al artículo 127 constitucional, con el objetivo de establecer límites a las jubilaciones y pensiones en entidades públicas.
Aunque aún no se han detallado todos los puntos de la iniciativa de reforma, se ha adelantado que propone fijar un tope máximo de 70 mil pesos mensuales de pensión para exfuncionarios de alto nivel.
Esta cifra equivaldría aproximadamente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.
La propuesta forma parte de la agenda del Gobierno federal para reducir privilegios y ajustar el gasto público en el marco de su política de austeridad.