Que el reconocimiento del gobernador al cardenal, fuera de la ley, dice ONG

Es una nueva afrenta del gobernador al estado laico, precisan

Posicionamiento d la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales.

Jueves 28 de julio de 2011

En relación al anuncio del gobernador del Estado Emilio González Márquez  de que hará un reconocimiento público al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, este próximo viernes 29 de julio, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

En primer lugar, el gobernador incurre en actos ilegales y violatorios de la ley por partida doble: por un lado el gobernador, en tanto titular del Ejecutivo, no puede a deseo o capricho propio hacer un reconocimiento a persona alguna, ya que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en ningún momento le da esa facultad; y por otro lado, está atentando contra el carácter laico del Gobierno del Estado, ya que desde el 3 de febrero de este año Jalisco tiene un gobierno formal y legalmente laico; esto por acuerdo y decreto 23126 del Congreso del Estado,  que reforma el artículo 2º de la Constitución local,  decreto publicado por el propio González Márquez en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco .

En el primer caso, el gobernador no tiene facultades para que a capricho y antojo haga reconocimiento de persona alguna, ni en su carácter de gobernador, ni a nombre del Gobierno del Estado.

Existe una ley denominada Ley que establece las Bases para el otorgamiento y condecoraciones en el Estado de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado, mediante decreto 20370 del 4 de diciembre de 2003 que señala cuáles y en qué términos deben hacerse los “reconocimiento públicos” a nombre del gobierno del Estado y a cualquier personalidad que se haya destacado por rigurosos méritos propios en el campo humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico y deportivo; y en ningún caso se refiere a personalidades por sus méritos religiosos. Ser jerarca religioso o “líder espiritual de millones de Jaliscienses”, no es ningún mérito.

Esta ley señala que el gobernador y el gobierno del Estado sólo deben entregar el Premio Jalisco y el reconocimiento a la juventud, pero éstos “deberán sustentarse, para su entrega, en el análisis objetivo de los méritos del candidato, a través de los mecanismos establecidos por la misma ley”, (a través de un Consejo Consultivo).

Por ello, tampoco la Secretaría de Cultura tiene entre sus atribuciones organizar reconocimiento alguno, ni aun delegadas por el gobernador.

De manera que el reconocimiento público del gobernador al Cardenal, cualquiera que sea su justificación, es totalmente ilegal.

En este sentido, cualquier recurso o gasto público en especie que se destine: como el uso público del Teatro Degollado, invitaciones, personal de protocolo  o cualquier otro, constituye un claro abuso de autoridad, al no estar debidamente fundamentado.

En el segundo caso, nuestra Constitución del Estado señala desde hace medio año: “El Estado de Jalisco adopta en su régimen interno, la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, laico y popular”

Por lo tanto, el gobernador debe pagar con el dinero de su bolsillo cualquier reconocimiento que quiera hacer a sus amigos y hacerlo de manera privada.  El gobierno en su conjunto deberá abstenerse a cualquier pago en especie, auditorio, luz, papelería, teléfonos, invitaciones, cuyos gastos ya  están corriendo a cargo del erario público.

Lamentamos el triste papel del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al decir  que “no es competencia de la CEDHJ atender o dar a este tipo de asuntos”. Recordemos que en la queja del limosnazo, y que presentamos miles de ciudadanos, terminó diciendo el presunto ombudsman que el donativo fue legal.

Por lo anterior, acudiremos al Congreso del Estado a denunciar estos hechos como violatorios de leyes y decretos que esta misma instancia elaboró y aprobó y

que son de cumplimiento obligatorio y de estricta observancia general.

Ya que Jalisco es un estado laico, de igual forma pediremos que los diputados reglamenten este concepto con el fin de que se fomente la conducta laica de los funcionarios públicos y que sean sancionados quienes la incumplan. Que se ponga un hasta aquí, a prácticas confesionales gubernamentales.

 

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