La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió al gobierno del estado de Quintana Roo, la entrega de documentación que justifique el gasto de 67 millones de pesos que se ejercieron por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), pues investigaciones de la dependencia revelan que el posible destino del monto fue al gasto electoral.

Así lo informó el titular de la Sedesi, Julián Javier Ricalde Magaña, quien además explicó que las pesquisas incluyen “un un monto de 3 millones 222 mil pesos que no fue aplicado de los recursos disponibles al 30 de abril de 2016 del Fondo de Infraestructura Social (Fise) 2015”.

Incluso los programas ‘Reciclando basura por alimentos’ y ‘Brigadas del bienestar’, que fueron creados durante la administración del ex gobernador de la entidad, Roberto Borge, se mantienen intocados debido a que su aplicación mostró gran ineficacia al no realizar mediciones y estadísticas del nivel de pobreza en la entidad.

De acuerdo a lo precisado por Ricalde Magaña, las partidas asignadas por la federación fueron desviados para fines electorales y hasta el momento siguen sin comprobar el uso o destino que se les dio.

En su reporte la ASF preguntó por el avance de programas como Prospera, y preguntó si tuvo o no los alcances para quitar el hambre a la población.

Al respecto, Ricalde Magaña declaró que “los programas deben ser asertivos para ver si impactaron, y la respuesta es negativa; al contrario, sólo hubo campañas disfrazadas con despensas y la prueba es que estamos demandados por Liconsa (Leche Industrializada Conasupo) porque no se pagaron las grandes cantidades de leche que se pidieron; además, se desviaron recursos para un partido”.