México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo ejecución arbitraria, trato cruel y manipulación de un cadáver en 2017, durante los enfrentamientos armados en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla.

En este sentido, señaló a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla al acreditar “violaciones graves” en los hechos ocurridos el 3 de mayo.

Los enfrentamientos se dieron entre civiles dedicados a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, por lo que como resultado de las investigaciones, la CNDH emitió la recomendación 12VG/2018.

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Concluyó que las violaciones se relacionan con la “ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 personas más, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas”.

Esos hechos son atribuibles a servidores públicos de la Sedena y de la SSP estatal, a quienes recomienda la total reparación del daño a todas las víctimas.

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El organismo recordó que el 3 de mayo del año pasado el enfrentamiento derivó en la muerte de 10 personas –seis civiles y cuatro militares; dejó además 26 lesionados -14 civiles y 12 militares-, así como 13 detenidos -9 adultos y cuatro menores de edad-.

Luego de ese hecho, la CNDH pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, pero se le negaron, “lo que se traduce en falta de colaboración de dicha” dependencia.

De acuerdo con el organismo, se dieron violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la PGR, Fiscalía General de Justicia, SSP estatal y del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

Asimismo, la CNDH externó su preocupación por la impunidad que impera en la sustracción ilegal de hidrocarburos, independientemente de la marginación y rezago que privan en comunidades de la llamada Franja del Huachicol y la falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes que peritan disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.