México.- Ante la inseguridad en Guerrero y en todo el país, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió que la militarización “ha significado ingobernabilidad y graves violaciones a los derechos humanos en este estado, donde pese a los diversos operativos, la criminalidad continúa, y sólo se ha convertido a la entidad en un laboratorio de consecuencias de una militarización atroz”.

En el segundo día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en el Senado, Barrera recordó que la presencia militar en Guerrero se extiende desde hace décadas, y lo único que ha ocasionado son graves violaciones a los derechos humanos.

“Puede documentarse desde la década de la guerra sucia, en los años 70, cuando los militares asumieron el control de las zonas convulsas y con presencia de la guerrilla, y obviamente hubo la orden presidencial de acabar con ese foco de insurgencia armada”, recordó.

Además, señaló que esa presencia militar ha causado una gran desolación en las regiones Costa Grande, Costa Chica, en la Montaña, donde hay más de 525 familias con personas desaparecidas.

“En Guerrero se han implementado diversos operativos, se ha experimentado con todo, sin un control civil. Pensar que (los militares) se van supeditar a una estrategia civil, lo vemos muy difícil porque sabemos cómo funciona, cómo interrogan y someten a la población”, enfatizó.

De ahí la preocupación sobre que se simule que la Guardia Nacional comenzará con un ejército inmaculado, “hablan de un mando civil, cuando la cuestión operativa seguirá en mandos militares, y es lo que preocupa porque son los que tomarán las decisiones: detener a las personas, torturarlas o desaparecerlas”.

“Para nosotros que estamos en Guerrero, en la montaña, sabemos lo que esto implica, y sabemos, como defensores de derechos humanos y por el acompañamiento a las víctimas, lo que han sufrido. No sigamos apostándole a la mano dura”, concluyó.

Con información de El Sur