Saltillo.- El gobernador electo Miguel Riquelme se comprometió a garantizar la seguridad del estado, ante el repunte de la violencia en el país, en un adelanto de su mensaje de toma de posesión el viernes próximo.

Anunció la creación de la Secretaría de Seguridad —desaparecida en 2013— “para poder brindar autonomía, se aborde de manera integral tanto en prevención como en el combate al delito y sea el sello de gobierno de la próximo administración”.

El fenómeno se ha agravado en Tamaulipas y otras entidades e incluso el sexenio del presidente Peña Nieto podría cerrar con más víctimas que el de Felipe Calderón.

En el cambio de gobierno anterior, Torreón —de donde Riquelme fue alcalde hasta el año pasado— figuraba en 2012 entre las ciudades más peligrosas del mundo de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Riquelme, cuya victoria fue confirmada apenas el viernes pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció en su primera conferencia de prensa la reestructuración de la deuda que actualmente supera los 37 mil millones de pesos.

Casi la totalidad de los pasivos se adquirió en el gobierno de Humberto Moreira, en parte con documentos y decretos falsos, sin informar al Congreso. “Voy a renegociar la deuda y una buena acción nos dejará con liquidez para hacer frente a los compromisos que tenemos”, dice en un comunicado.

Coahuila ha pagado más de 20 mil millones de pesos de intereses en el sexenio que concluirá el jueves próximo. El gobernador electo declaró que “se harán los estudios correspondientes para buscar una renegociación, buscando mejores tasas de interés, que podría significar una reducción de pagos para el estado”. La reestructura fue aprobada por la actual legislatura, de mayoría priista. En junio pasado, la Secretaría de Hacienda incluyó a Coahuila entre los estados con un techo de deuda limitado y como el único que no podrá adquirir nuevos créditos en 2018 (“El Financiero”, 20.07.19).

En una entidad polarizada por las elecciones, una sociedad crítica con los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira y una oposición denunciante que acusa al TEPJF de ser comparsa del gobierno federal y del PRI por validar “el fraude” del 4 de junio, Riquelme pidió a los coahuilenses unidad y reconciliación. También ofreció un trato sin distingo a los alcaldes de otros partidos, cuya gestión iniciará el 1 de enero próximo.

Riquelme se reunió este lunes con reporteros de Torreón y Saltillo. En ambas ciudades habrá alternancia. La primera del PRI al PAN y la segunda en sentido opuesto.

El gobernador electo dijo que cumplirá cada una de sus promesas de campaña para que Coahuila se mantenga como “la fortaleza del norte”. Informó que el 2 de diciembre anunciará su gabinete, “busco a los más preparados en cada área”. La transición será “pacífica, en orden y responsable. Mi interés es que no se trastoque a ninguna dependencia por el cambio de administración en beneficio de los ciudadanos”, apuntó.

En materia económica, la meta de su gobierno —dijo— será generar 170 mil fuentes de trabajo y diversificar la actividad en las regiones centro, desierto y norte. “Buscaré los consensos para sacar adelante los intereses de nuestro estado; todos mis compromisos serán cumplidos, no me retracto de nada”.

Por otra parte, ofreció reducir la burocracia: “etiquetaré lo que podamos tener en ahorro, con mucha transparencia daremos a conocer cuál es el destino de los recursos”. 

Prometió un gobierno “con carácter, que no sobrepase los derechos de los ciudadanos, respetando las prioridades que marqué en campaña. Mi labor debe ser reconstruir la relación de la sociedad con el gobierno, hablemos de reconciliación por el bien de Coahuila. No hay otra forma de enfrentar los problemas, sino es del lado de la sociedad y con el consenso de los distintos ideales políticos”, advirtió.

Con respecto a la próxima legislatura, precisó: “Hoy tenemos la gran oportunidad de poner en práctica la habilidad política. Por primera vez enfrentaremos un Congreso que no tiene mayoría (priista), esto implica, de parte del ejecutivo, enviar las propuestas correctas. Se trata de llevar a cabo lo que en campaña todos vimos: el traducir lo que requiere la ciudadanía y proponer las iniciativas de ley”.