Saltillo.- A 16 días para el cambio de gobierno, el PRI y el Frente por un Coahuila Digno (FCD) tienen puesta su atención en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados recibieron a sus dirigentes el lunes pasado. Los primeros presentaron pruebas para “demostrar puntualmente” que el rebase del 9.2 por ciento en el tope de gastos de campaña de Miguel Riquelme “no tiene nada de nuevo”. Los 84 videos de Facebook “ya fueron fiscalizados” y el Instituto Nacional Electoral (INE) “acreditó (el 17 de julio) que no tenía consecuencia jurídica alguna”, aseguró el líder del PRI Enrique Ochoa, según un comunicado de su partido.

El FCD pidió a los magistrados resolver las impugnaciones con imparcialidad y “sin ningún tipo de presión”. Los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas advierten que la elección para gobernador debe anularse, pues el último dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, aprobado el 30 de octubre, fijó en 9.2 por ciento el sobregasto en la campaña de Riquelme, lo cual es causal de anulación según el artículo 41 de la Constitución. Guadiana duda de la imparcialidad del TEPJF, y anunció para este miércoles “una nota importantísima (en medios nacionales)” para convencer a los magistrados de que la elección debe anularse “porque no hay de otra sopa”.

Después de su reunión con los magistrados de la sala superior, en la cual lo acompañó el gobernador electo Miguel Riquelme, Ochoa dijo que el tema de los gastos de campaña es “cosa juzgada”; negó que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso tenga conflicto de interés por haber tomado un curso cuando él dirigía el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, y que “Miguel Riquelme será (…) el próximo gobernador de Coahuila el primer día de diciembre”.

Riquelme, por su parte, rechazó que las impugnaciones vayan a restarle legitimidad a su gobierno. “Al contrario (…) una resolución del Tribunal es una gran legitimización”. En tal sentido, su mensaje no es para los excandidatos agrupados en el FDC, sino para los coahuilenses: “Acudimos ante el Tribunal para aportar los elementos necesarios de prueba de que no rebasamos el tope de gastos de campaña (…). Esperaré la resolución del Tribunal, tengo confianza en las autoridades electorales (…) y así lo he manifestado (…) sobre todo cuando terminó el proceso y cuanto con votos ganamos la elección en Coahuila”.

En este contexto, la presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, presentó este martes su primer informe, sin referirse al caso de Coahuila, pero sí a un reclamo nacional: “La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales y que velen por el Estado de derecho”. Sin embargo, de alguna manera preparó el camino para la resolución del Tribunal, pues la revalidación del triunfo de Miguel Riquelme o la nulidad de las elecciones exacerbará los enconos sociales y políticos —“propios de toda democracia”—: “No buscamos el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre al escrutinio estricto y exigente de los actos políticos y de la ciudadanía”.

Para Otálora, según el comunicado del TEPJF, los 9 mil 375 asuntos que se presentaron en las elecciones de junio pasado en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, casi igual al número de impugnaciones registradas en los 22 procesos de 2016, “refleja la confianza que tienen los actores en la labor del Tribunal Electoral”.

Pero mientras el Tribunal Electoral no resuelva en definitiva las elecciones para gobernador, Coahuila, el PRI y el FCD estarán sobre en ascuas.