Saltillo.- Lejos de amainar, la tormenta poselectoral en Coahuila se huracana. Entre el viernes por la noche y la tarde de hoy, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) allanó tres propiedades que sirvieron como casas de campaña al excandidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, en Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón. El gobierno informó en un comunicado sobre la localización de “evidencia que confirma la línea de investigación (…) útil para acreditar el delito que se indaga”, la cual “hace presumir razonablemente que estamos en presencia de un hecho delictivo de naturaleza electoral”.

En rueda de prensa en la Ciudad de México, el líder del PAN, Ricardo Anaya, replicó: “Los Moreira (…) tienen auténtico pánico ante la inminente anulación de la elección (de gobernador), porque saben (…) que hay elementos de sobra para que ellos terminen en la cárcel”.

Sobre las pruebas recabadas por la PGJE, Guillermo Anaya acusó al gobernador Rubén Moreira de fabricar “una novela de mentiras utilizando la justicia a su antojo para afectar a la oposición con su característico estilo de dictador”. Mientras, “(a los) verdaderos casos de corrupción como la megadeuda, las empresas fantasma, (…) Ficrea, (…) Allende y el Penal de Piedras Negras, simplemente les han dado ‘carpetazo’”, dice en una nota.

Según la PGJE, la evidencia recabada aporta “datos certeros como nombres, listas de nómina, acuses de recibo de tarjetas de nómina (lo que confirma la línea de investigación que con dichas tarjetas se compró el voto), documentos de propaganda que no fueron sometidos a los procesos de fiscalización”.

El excandidato panista niega la existencia de esas pruebas. “(…) el pasado 4 de junio ganamos con el respaldo de la mayoría de los coahuilenses, pero como la intentaron robar (la elección) para no ir a la cárcel a pagar sus fechorías y ahora están por anular la elección, están desesperados”.

Según Anaya, el gobernador de Coahuila es el “Nicolás Maduro de México”, y despide al moreirato: “llegará a su fin (…) y toda la parvada de políticos priistas corruptos irán a la prisión”.

Los allanamientos, ordenados por jueces de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral, “derivan de dos carpetas de investigación en los que se indaga en primer término la compra masiva de votos (…) con dinero de procedencia ilícita. La segunda investigación se refiere a la aprobación de entidades públicas y el pago de proveedores sin ingresar a la fiscalización obligada para los partidos políticos y candidatos”, advierte el gobierno.

En su reunión con la prensa, Ricardo Anaya denunció a la PGJE de “sembrar evidencias falsas”, consideró “gravísimo” recurrir a actos de persecución, hostigamiento e intimidación política, justo cuando “los tribunales electorales están deliberando”. El líder panista dijo que “en Coahuila la verdad saldrá a la luz, se anulará la elección y volveremos a ganar con el apoyo de la mayoría de los coahuilenses que están hartos de estos abusos de poder, escándalos de corrupción y pésimos gobiernos”.

No solo los demonios de la política andan sueltos. El jueves pasado, en Arteaga, el cadáver de un hombre fue descubierto en un camino de terracería, envuelto en una manta. Por la noche, el profesor Rafael Pérez Hernández murió a manos de policías municipales.

Este medio día, un grupo de maestros acudió al Congreso para solicitar la renuncia del alcalde Isidro López Villarreal por el exceso de la fuerza pública. Por otro lado, la epidemia de suicidios en Saltillo sigue en expansión. El sábado se registró el enésimo caso: Érick Iván Sandoval se colgó en su casa de un armario.