Saltillo.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un mentís al PRI con respecto al dictamen sobre el rebase del tope de gastos campaña de su candidato al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, al reconocer la facultad del Instituto Nacional Electoral (INE) “para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado, ya que la omisión en cuanto al reporte de un gasto vulnera la certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la equidad en la contienda”.

En la víspera, Iván Garza, vocero para la defensa legal de la coalición “Por un Coahuila Seguro” y secretario técnico del gobierno del estado, informó que “(…) el INE le da la razón al PRI. Al publicarse hoy las modificaciones al Reglamento de Fiscalización confirmó que no lo había hecho, pero que también requiere esa publicación para que entraran en vigor. De esta forma, se confirma que el dictamen que el INE emitió sobre los gastos de campaña de Miguel Riquelme se basaron (sic) en una norma no vigente toda vez que se incumplió en su momento con esa publicación. (…) Lo que sigue es que el TRIFE aplique la ley y se reafirme el triunfo que Miguel Riquelme obtuvo en las urnas”.

Sin embargo, el TEPJF (no TRIFE, cuya denominación desapreció con la reforma constitucional de 1996), en el comunicado 144, emitido hace unas horas, precisa: “Al resolver el asunto SUP-CDC-5/2017, el Pleno consideró que no se encuentra regulada alguna disposición legal o reglamentaria que limite la facultad de la autoridad (INE) en cuanto a la posibilidad de sancionar conductas que no hayan sido de su conocimiento a través de los distintos informes que se encuentra obligada a fiscalizar, ya sea de gatos ordinarios, de precampañas o de campaña”.

Asimismo, advierte que “De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, la autoridad electoral nacional es competente para conocer de la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos durante los procesos electorales federales y locales, por lo que el INE puede desplegar, en cualquier momento, su facultad de monitoreo y de detección de irregularidades en los informes de ingresos, egresos y gastos”.

A mayor abundamiento, la Sala Superior establece que “esa autoridad administrativa cuenta con amplias facultades de investigación financiera, de revisión y dictaminación, por lo que despliega diversas acciones de revisión y monitoreo, atendiendo a los principios de transparencia, rendición de cuenta y, sobre todo, de equidad en las contiendas electorales, así como vigilar el buen uso de los recursos públicos que reciben los partidos políticos y la legalidad cuando se trata de recursos de origen privado”.

En el mismo sentido, destaca que “el registro de operaciones en informes distintos a la naturaleza propia de la información reportada, es una conducta que incumple con la obligación de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y los gastos en el informe correspondiente, lo cual puede ser motivo de sanción”.

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En consecuencia, los magistrados resolvieron por unanimidad que “el INE se encuentra facultado para sancionar a aquellos sujetos obligados que se apartan de la normatividad”. Pues considerar lo contrario implicaría permitirles “omitir reportar gastos e ingresos en los informes en los que deben hacerlo, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad”.

Jaque al rey

Sin hacer referencia a la resolución del TEPJF con respecto a las facultades del INE “para sancionar irregularidades detectadas en un informe de gastos distinto al fiscalizado”, el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) se plantó frente a la sede del poder ejecutivo local, mientras el gobernador Rubén Moreira se hallaba de gira por Cuatro Ciénegas.

Los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes), líderes del FDN, se reunieron también en la Plaza de Armas y en la de la Nueva Tlaxcala —a espaldas del Palacio de Gobierno—, “en un claro mensaje de que no permitirán que el PRI de los Moreira se robe la elección”.

El FDC acordó “seguir en la lucha por un Coahuila Digno, por todas las vías legales”, y anunció nuevas acciones para evitar “el robo del siglo”. El bloque opositor asegura, en un comunicado, que “es cuestión de semanas para que se anule la elección de gobernador en Coahuila”. La causa principal de la nulidad es “la intervención de Rubén Moreira en todas las etapas de la elección, incluida la actual”.