Saltillo.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jesús de León, acusó de “totalmente ilegal” el proceso de entrega recepción iniciado por Rubén Moreira y Miguel Riquelme el 31 de julio. Ambos “deberán ser sujetos de responsabilidades administrativas y de carácter penal”, advierte, con base en un confuso artículo 24 de la ley respectiva, reformada en 2013. También invoca el Código Electoral del Estado, según el cual “el proceso electoral ordinario (…) concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno” (artículo 167, fracción 1).

Integrante de la comisión de Análisis del Impacto de la Deuda Pública en el periodo de Humberto Moreira, la cual, más allá del nombre, no ha brindado resultado alguno, De León dice que los diputados involucrados en el proceso “irregular” de cambio de administración, mejor “deberían (…) iniciar una consulta con la ciudadanía para que a partir del 1 de diciembre el Congreso del Estado esté en posibilidades de nombrar un gobernador —o gobernadora— interino ante la alta probabilidad de que se anule la elección”.

Un gobernador es legalmente electo cuando concluye el proceso comicial, y esto sucede “una vez que se resuelvan todas las impugnaciones, no antes”, dijo el legislador en Torreón en rueda de prensa. “En el caso concreto de Miguel Riquelme, que no ganó la elección, que está impugnado y que está haciendo un proceso de entrega recepción falso e ilegal, están incurriendo en una gravísima responsabilidad”.

Hace cuatro años, De León compitió contra Riquelme por la alcaldía de Torreón. El PAN obtuvo más votos que el PRI, pero al final un puñado de partidos satélite le dieron a su candidato una victoria marginal. Según el diputado, “a los Moreira ya les urge irse y dejar el gobierno del estado en manos de quien sea para poder darse a la fuga”. Después del inicio de la entrega recepción, Moreira y Riquelme estrenaron el teleférico de Torreón acompañados por el obispo José Guadalupe Galván. La obra es cuestionada desde su anuncio por superflua, pues existen necesidades urgentes como la pavimentación de calles y el suministro de agua.

El sistema de transporte, cuyo avance es de 90 por ciento, implica una inversión de 160 millones de pesos. El gobierno informó en un boletín que la “obra permitirá el crecimiento turístico del municipio y está preparada para trasladar a 385 pasajeros por hora y a 770 para ambos sentidos, con una duración promedio de viaje de cinco minutos”.

De León, quien como diputado federal protegió a Felipe Calderón en su toma de posesión, dio por sentado que la elección de gobernador será anulada en noviembre, último mes del sexenio de Moreira. “Todas las personas que están participando en la entrega recepción de información, recursos y expedientes, no están legalmente reconocidas para hacerlo y tendrán que ser sancionadas conforme al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción”. El panista informó que, en la junta de la comisión permanente de este viernes, exhortara al gobernador a suspender el proceso.

En la misma sesión, el grupo parlamentario del PAN pedirá a la Auditoría Superior de la Federación investigar y denunciar la desviación de 423 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que descubrió en Coahuila. De lo contrario, observó el diputado, el caso “quedará impune” como pasó con la megadeuda, las empresas fantasma y las inversiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Ficrea por más de 120 millones de pesos.

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La Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Coahuila, en la cual De León se basa para impugnar el proceso, data de 2005. El artículo 24 señala:

“El inicio de la entrega general. Al término e inicio de un ejercicio constitucional, el procedimiento de entrega recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana” (el cual ya no existe).

Visto así, no existe violación a la norma. Sin embargo, una reforma al artículo 27, del 22 de marzo de 2013 (segundo año de gobierno de Rubén Moreira), previene:

“Para los efectos del artículo 24 de la presente ley y con salvedad a lo establecido en el último párrafo de dicho artículo, una vez reconocido legal y definitivamente por la autoridad electoral competente, la autoridad entrante estatal o municipal, podrá constituir una comisión saliente que será enlace, para que en coordinación con la autoridad estatal o municipal saliente, a través del Órgano Interno de Control, preparen la transferencia de información sobre el estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos, materiales, obras y programas, jurídicos y generales, sin que esto implique la entrega de documentación alguna”.