La Paz, BCS. Los diputados locales analizan modificar la Constitución Política del Estado y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de la entidad para blindar a Baja California Sur de la actividad extractivista minera.

Con esta propuesta presentada se busca impedir legalmente en la Constitución y en leyes secundarias del estado que se otorgue la autorización para el uso de suelo “a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o trajo abierto, ni a proyecto metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominación, que utilicen en su proceso de lixiviación cianuro, mercurio o cualquier otra sustancia que pueda contaminar los suelos y las aguas”.

En la Carta Magna se busca establecer que la prohibición sea tanto por el Gobierno del BCS como por los ayuntamientos de la entidad.

El dictamen contempla que se eleven a rango constitucional el cuidado del agua en Baja California Sur, por lo que la propuesta de adición al artículo sexto de la constitución estatal precisa: “el Estado, promoverá como política pública, la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que de alguna manera la política pública relacionada con el recurso hidráulico sea política de Estado y no de gobierno.

Asimismo. en la modificación del Artículo 79 de las Facultades del gobernador del Estado, se propone en el dictamen que el titular del Ejecutivo Estatal tenga como facultad “decretar mediante declaratoria el establecimiento por causa de utilidad pública de las Zonas de Salvaguarda de Agua subterránea para consumo humano. Aquellas zonas del territorio estatal, cuyos atributos ambientales y servicios ambientales derivados, permiten la recarga de los acuíferos y cuerpos de agua superficiales para proteger las aguas subterráneas”.

Para la elaboración del dictamen que fue presentado, diputados de diversas expresiones políticas en el Congreso del Estado fueron presentando iniciativas, como la que se entregó en octubre de 2015 por los legisladores del PAN: Rodolfo Davis, Alejandro Blanco y Alfredo Zamora y, por el PRD, la diputada Rosa Delia Cota en el sentido de prohibir la minería tóxica en la entidad por los perjuicios que causa al medio ambiente.

Quienes presentaron la iniciativa son claros: “no se autorizará el uso del suelo a proyectos mineros metalúrgicos a cielo y/o tajo abierto, tampoco se autorizará el uso del suelo a proyectos minero metalúrgico alguno, cualquiera que sea su denominador que utilice el proceso de lixiviación cianuro o mercurio”.

Otra fuente de alimentación del dictamen fue la propuesta presentada por la Diputada Guadalupe Rojas Moreno en julio de 2016 en donde la representante popular aporta información de un trabajo de investigación realizado por especialistas en el tema, sobre los efectos que tendría el medio ambiente sudcaliforniano con la presencia de la minería que depreda.

En el caso de la Diputada Eda Palacios Márquez presenta una iniciativa para elevar a rango constitucional el cuidado del agua, ante la compleja realidad que se vive en la entidad con respecto al recurso. La legisladora pide que se incluya “como una política pública del Estado la recarga de los mantos acuíferos y la prevención de su sobreexplotación”, y que los planes hidráulicos en sudcalifornia trasciendan generaciones.

En el caso de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, se reforman y adicionan diversos artículos que tienen como finalidad hacer operativas las reformas que legisladoras y legisladores plantean a la Constitución Política del Estado.