Resistencia ciudadana de BCS, un ejemplo en la lucha antiminera en América Latina

La Paz, BCS.- Los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) calificaron como un logro nunca antes visto a nivel internacional, la reciente nulidad que la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México dio a su favor y, obligará, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a reiniciar la evaluación de impacto ambiental a la minera Los Cardones.

Así lo recalcó Irina Trasviña Mar, vocera del Freciudav, durante una reunión a la que convocaron, y en la que participaron los abogados Arturo Rubio Ruíz y Mario Sánchez, este último integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Inclusive las ciudadanas y ciudadanos que integran al organismo, destacaron que en Baja California Sur se gestó la resistencia que se convirtió en la “primera comunidad en América Latina que logra detener la minería (metálica a cielo abierto) antes de iniciar la contaminación”.

“El criterio sostenido es acogido por organizaciones no gubernamentales que defienden el agua y la vida. Argentina, Perú, Venezuela ya están pugnando para que este criterio que es altamente defensor de los derechos humanos sea aplicado y sea reconocido por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos”, sostuvo Rubio Ruíz.

Una de las solicitudes que hicieron al XV Ayuntamiento de La Paz, que dirige el panista Armando Martínez Vega, es el reinicio de los trabajos para aprobar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de La Paz para blindar el municipio.

También informaron que continuarán con la lucha por impulsar una ley que dejé afuera el extractivismo minero en zonas de importancia natural; proteger el agua es el mayor de sus objetivos.

“Desarrollos Zapal, SA de CV y su proyecto de minería tóxica, en este momento no tienen autorización pues el resolutivo que les permitiría iniciar operaciones posterior al cumplimiento de condicionantes, fue anulado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, desapareció del plano legal ese oficio de autorización. No existe”, precisó el grupo ciudadano en un comunicado de prensa.