México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por actos de tortura cometidos en contra de 5 personas.

De acuerdo con la Recomendación 81/2017, la CNDH acreditó violaciones a los derechos “a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la justicia y a la integridad personal” contra cinco personas, entre las que se encuentran tres menores de edad.

La recomendación dirigida a Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, así como al titular de la CNS, Renato Sales Heredia, indica que la queja fue interpuesta por una agresión cometida el 6 de noviembre de 2015 contra una mujer, su esposo y sus tres hijas por agentes de la Policía Federal en el municipio Centro de Tabasco.

Las víctimas fueron detenidas alrededor de las 13:30 horas, sin embargo, el esposo de la mujer que interpuso la queja, narró que este fue trasladado en un vehículo oficial, mientras ella y sus hijas fueron obligadas a abordar el auto en el cual viajaban; las víctimas fueron amenazadas y sus rostros cubiertos, además los los agentes ingresaron a su hogar de dónde sustrajeron varios artículos.

Las menores fueron privadas de acudir al baño y no se les proporcionó alimento, además tanto la madre como las menores escucharon los gritos de dolor por los golpes infringidos al esposo y padre, al día siguiente del levantamiento, los federales les abandonaron en una carretera estatal.

El hombre trabajó en la Fiscalía General del Estado de Tabasco y es indagado por su probable responsabilidad en delitos de orden federal junto con un compañero de trabajo, tras ser presentado ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada.

La CNDH acreditó que la mujer y las menores fueron “privadas ilegalmente de la libertad” porque no se les atribuyó la comisión de ningún delito, mientras que al hombre se le detuvo de forma arbitraria y sin cumplir los requisitos constitucionales, además de que tardaron 27 horas en ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La Comisión recalcó que hasta la fecha, la PGR no ha llevado a cabo acciones necesarias para indagar los actos cometidos contra las víctimas, pese a que se presentó una denuncia el 1 de diciembre de 2015.

“La Comisión Nacional no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos (…) y subraya que el robo de combustible es una conducta que debe ser sancionada, pero enfatiza que dichas acciones se deben llevar a cabo respetando los derechos humanos establecidos en la normatividad nacional e internacional”, recalca el comunicado.