Si realmente se rescata de las manos ambiciosas del gobierno de Estados Unidos la gran fortuna que acumuló Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no será un lavado en este caso, sino una limpia total. De suceder y el gobierno mexicano tiene éxito, ese caudal iría a las comunidades indígenas. El persistente mecanismo del crimen organizado de introducir en la vida legal -y muchas veces institucional-, el producto de sus crímenes, ha sido parte de su convivencia con los poderes -y con sectores del empresariado y la propia sociedad - y el conocimiento de la protección de determinados grupos de parte del Estado. Siempre se ha hablado de la preferencia de gobiernos por favorecer a esos grupos dentro de la gama inframundo que se mueve en México. En muchos países no es novedad y el caso de Silvio Berlusconi en Italia, amo del underground, vinculado con la mafia, es bien conocido. Mario Puzo, autor de El Padrino (Librería Gandhi 2009) ponía énfasis en esa división que opera en los grandes negocios criminales, su relación con el poder y la necesidad de que haya funcionarios abiertos que den la cara, para mostrar los muchos rostros que tiene la vida criminal. En México las fugas de El Chapo siempre estuvieron sometidas a cuestionamientos desde la época de Vicente Fox y más la última cuando Enrique Peña Nieto con todo su gabinete se encontraba en el Vaticano y el propio encargado de los asuntos de seguridad interna, el ahora senador muy dado a cuestionar, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo que regresar aparentemente sorprendido, para aquilatar la maniobra. Se menciona que en esa fuga se invirtieron 50 millones de pesos, ¿quien los recibió?

 

El argentino Ernesto Sábato hubiera escrito varias novelas con las historias de túneles -setenta y cinco a lo largo de la frontera, más los internos-, que se le atribuyen a El Chapo. Claro que su novela El Túnel escrita en 1948, lo considera como un simbolismo pero siempre puede hallarse algo simbólico también, en un pobre cuyo padre sembraba las flores del opio y el mismo empezó a sembrar mariguana a los quince años y que llegó a ser tan poderoso lavando dinero en empresas de todo tipo y con conexiones con el crimen organizado de buena parte del mundo. El ejemplo de Berlusconi no anda muy lejano, ya que así como se habla de la intervención de Guzmán Loera en más de 250 empresas solo en México e incidencia en compañías de seguros, de gas, de farmacias, empresas agrícolas, etcétera, aquel se ha movido en la tabla sinuosa de la ilegalidad, aunque su gran fortuna lo ha llevado a ejercer la política a los más altos niveles. Además, a diferencia del mexicano su fortuna está plenamente identificada y organizada por sectores. El Chapo no necesitaba el poder directo porque algunos de sus adalides lo ejercían en la parte que se asomaba como narcoestado. Recuperar al menos un porcentaje de la fortuna que amasó Guzmán Loera con sus crímenes, aunque parece insólito, no hay peor lucha que la que no se hace. Y el gobierno la emprenderá como ha dicho el presidente López Obrador. Miles de víctimas de los crímenes, pueblos abandonados y otros devastados, merecen recibir partes de esa fortuna. Es una forma de reivindicar a esas víctimas. Forbes señaló en varias ocasiones cuando lo tuvo durante cuatro años entre los hombres más ricos del mundo, que su fortuna podría ser de mil millones de dólares, pero hay quienes calculan esa fortuna en 14 mil millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos ha fijado como pago económico -multa, sanción o restitución a la justicia-, 12.6 millones de dólares.

 

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno mexicano ya inicia el proceso de recuperación de la fortuna que acumuló El Chapo con sus crímenes y las presuntas declaraciones de éste, de que el dinero lo donará a las comunidades indígenas, cambia la vieja perspectiva del enriquecimiento personal de funcionarios y la gran riqueza también acumulada por los gobiernos pasados. Pero el asunto va a llevar a un largo camino por la intención gringa de apoderarse de parte de los dineros. En ese inter, el actual gobierno, según informes del titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, tiene el complicado problema se enfrentarse con áreas criminales que están enquistadas incluso en cuerpos policiacos y otras autoridades. En el primer número de la revista Quadratín que fue presentada el pasado 30 de agosto como parte de la extensión de esa empresa digital a un medio escrito -tiene otros en el interior del país en sus franquicias-, se publica una entrevista con el músico español considerado líder del sonido trap en Europa, Kidd Keo, en la que hace observaciones muy puntuales sobre qué sucederá con el dinero que se obtenga en el caso de la venta de mariguana, por ejemplo, tomando en cuenta el origen real de ese reducto económico. En la entrevista con César Fabián Pérez, no solo se refiere al dinero, profundiza en la complejidad de legislar drogas, la intervención que tendrá el estado en los resultados y como plantear a una población que en muchos casos no conoce el asunto, el que una droga se convierta en legal solo por la estructura de una ley. Si se parte de que habrá límites a esos consumos con sus debidas advertencias, la postura del cantante es válida, pero hay que considerar que finalmente la importancia de legalizar tiene como fin parar la gran carrera criminal que en el caso de México ha generado tantas muertes, víctimas y miseria. Abrir algunas drogas a su consumo controlado tiene que plantearse con tiento y limitaciones como sucede con otros vicios como el alcohol, el tabaco, etcétera. El cantante tiene claro, además, que deben ser los afectados los que se beneficien de la intervención estatal: “...legalizar la droga, pero que las ganancias no lleguen a manos de la misma gente del Estado porque es algo que pertenece a la calle, siempre lo ha sido”