Ernesto Zedillo, ex presidente de México, fue quien llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles.

El Senado de la República aprobó el pasado 30 de abril el decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con lo que reduciría la duración de las concesiones para operar y desarrollar ferrocarriles en el país de 50 a 30 años, y establecería periódicamente un techo a los precios que cobran los operadores.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) que agrupa a las empresas concesionarias manifestaron su desacuerdo con las modificaciones a la Legislación ya que consideran que la renovación, de 50 a 35 años, vulnera derechos adquiridos y contraviene el Artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios y afecta “severamente” las inversiones. Hay que recordar que las concesiones ferroviarias fueron otorgadas a empresas en su mayoría a extranjeras en condiciones muy favorables y en detrimento del erario mexicano.

En cuanto al control de las tarifas, la AMF afirmó que la Ley aprobada por el Senado cancela arbitrariamente la libertad para fijar precios limitando su registro previo “opinión de conveniencia” que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario emitiría “de manera discrecional”.

La red de trenes de México se dedica principalmente a los servicios de carga y está dominada por la firma estadounidense Kansas City Southern y la unidad que el conglomerado de minería y transporte Grupo México tiene en ese sector.

La historia de la privatización de los ferrocarriles se remonta al año 1995 en el apogeo de las políticas económicas neoliberales en México, siendo el presidente Ernesto Zedillo el que inició el proceso mediante la figura jurídica de la concesión.

Para facilitar la entrega, el sistema ferroviario fue dividido en cuatro regiones: 

1) el Ferrocarril del Noreste

2) el Ferrocarril del Pacífico Norte

3) el Ferrocarril del Sureste y la Terminal Ferroviaria del Valle de México

4) Línea corta Coahuila Durango.

La primera concesión que se dio fue la del Ferrocarril del Noreste, con 3,960 kilómetros de vías desde el Puerto de Lázaro Cárdenas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasando por la Ciudad de México y Monterrey. El ganador de la concesión por 50 años fue Transportación Marítima Mexicana, asociada con la norteamericana Kansas City Southern Industries pagando, 400 millones de dólares. La filial Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) operará la línea.

En 2004 Kansas City Southem adquiere las acciones de TFM del Grupo Transportes Marítima Mexicana para convertirse en propietario mayoritario.

El Ferrocarril del Pacífico Norte fue concesionado a Ferrocarril Mexicano (Ferromex) adquirida por Germán Larrea en asociación con la estadunidense Union Pacific de Lance M Fritz y la constructora mexicana ICA. Ferromex opera la red de ferrocarriles con mayor longitud, que son más de 8 mil 500 km de vías, que cubren aproximadamente el 71 por ciento del área geográfica del país.

El primer día de julio de 1998 se anuncia la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Triturados Basálticos S.A. (Tribasa). La línea de 1,479 kilómetros de vías fue ganada con una oferta de 322 millones de dólares. La opción de compra adicional de las líneas cortas: Ferrocarril del Mayab, del Sur, de Oaxaca y Chiapas no fue ejercida por la ganadora Tribasa, quedando dichas líneas para licitaciones futuras.

La línea corta Coahuila-Durango, de 972 kilómetros, fue concesionada al Grupo Acerero del Norte asociado a Industrias Peñoles de Baillères González.

La privatización de la red ferroviaria del país, no representó para México un buen negocio ya que estas concesiones fueron otorgadas a muy bajo precio, por muchos años y dejo al país casi sin ofertas para el transporte de pasajeros, ya que estas empresas concesionarias solo se dedican al transporte de mercancías, además de que, si bien se acabó con el monopolio del Estado, pero esto se convirtió en un mercado oligopólico privado y dominado por empresas extranjeras.

El Gobierno del presidente Vicente Fox, pagó en 2005 casi 13 mil millones de pesos por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más intereses moratorios a Kansas City Southern.

Al revisar la cuenta pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llegó a la conclusión que el gobierno no debió haberle devuelto nada a TFM, pues ésta nunca acreditó haber pagado ningún monto de IVA cuando le compró al gobierno mexicano, en 1996, el 80 por ciento de las acciones del Ferrocarril del Noreste Según el artículo 9, fracción séptima de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la venta de acciones no causa IVA ni tampoco el título de concesión ni el arrendamiento financiero, según el artículo 1 de la misma ley Aun así, TFM solicitó desde 1997 la devolución de 2 mil 111 millones 111 mil 800 pesos que, tras un largo litigio con los gobiernos de Zedillo y de Fox, para 2005 ya ascendían, por recargos, intereses y actualizaciones, a 12 mil 965 millones 742 mil 200 pesos.

El expresidente Ernesto Zedillo, quien fue el que llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles ahora es socio de la empresa ferroviaria estadunidense Kansas City Southern, e integrante del consejo de administración de la empresa ferroviaria Union Pacific.

El no haberse concesionado a privados el Ferrocarril del Mayab y las vías férreas de la península de Yucatán, fue lo que aprovechó administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para plantear la obra del Tren Maya y así tener una gran parte ya construida para el proyecto y contar con casi el 100 por ciento del derecho de vía.

La legislación aprobada en materia ferroviaria por el Senado y que deberá también tener el visto bueno de la Cámara de diputados, pretende acabar con las generosas concesiones que se otorgaron a empresas privadas y que afectan el mercado nacional y el erario.