La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó en febrero del año pasado que en el Tercer Informe de Cuenta Pública 2017 en la auditoría se revisaron los convenios que el Instituto Tecnológico Superior de Centla, Tabasco (ITSC) firmó con algunas instituciones del Gobierno Federal, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo a la información presentada por el periódico digital Animal Político, la petrolera estatal entregó a la institución educativa 12 millones de pesos, para “establecer las bases de cooperación” para servicios como “acreditación ambiental”, aunque la institución de enseñanza no tenía capacidad ni física ni técnica para cumplir con algún servicio.

Pemex Producción y Exploración firmó todavía en la administración del presidente Felipe Calderón un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Centla el 9 de noviembre de 2012 con vigencia hasta el 8 de noviembre de 2017. Esto permitió que durante esos cinco años la empresa petrolera y la institución firmaran más convenios específicos para diferentes servicios y mediante el cual Pemex entregó 12 millones de pesos.

El instituto educativo tabasqueño, al no tener la capacidad para hacer la encomienda, subcontrató a la empresa Valencia Consultores Ambientales, S.A. de C.V., propiedad de José Luis Valencia Jiménez, Jesús Miguel Valencia Jiménez, Martha Izquierdo Vidal y Mario Humberto Valencia Jiménez; a la cual le transfirió un monto de 11 millones 119 mil pesos para que se hiciera cargo del trabajo.

La hoy empresa productiva del estado firmó otro convenio con el ITSC el 18 de febrero de 2014 para el “servicio de acreditación ambiental y seguimiento del cumplimiento a términos y condicionantes del Proyecto Macuspana y actividades petroleras en PEP”, por lo que entre 2016 y 2017, entregó 12 millones 773 mil pesos a la institución, según las facturas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Al revisar la comprobación de los servicios, la institución en donde manda David Rogelio Colmenares Páramo detectó que “no ejecutaron y supervisaron de manera eficiente el estricto cumplimiento del Convenio”, por lo que las irregularidades “pueden constituir responsabilidades administrativas para servidores públicos de Pemex Exploración y Producción”, por lo que incluso, la Auditoría Superior de la Federación informó de esto al Órgano Interno de Control de Pemex para que realice las investigaciones correspondientes y finque las responsabilidades.

El pasado 13 de enero la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con la destitución y la inhabilitación para trabajar en la administración pública por diez años a funcionario de Petróleos Mexicanos por estar vinculado con la llamada Estafa Maestra y por haber incurrido en omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

La secretaría que dirige Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al administrador del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y gerente en Pemex Exploración y Producción, Héctor Salvador Salgado Castro a quien se acreditaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017”.

Según pudo comprobar la Secretaría de la Función Pública, Salgado Castro omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes económicos,

Esta es la segunda sanción que impone la SFP en contra de servidores públicos de Pemex relacionados con la Estafa Maestra, después de haber impuesto la destitución y la inhabilitación por también diez años a Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien se desempeñaba como director general de Pemex Exploración y Producción. Sin embargo, Lozada Aguilar ha impugnado la inhabilitación.

Las investigaciones deben de continuar y llegar a la sanción de todos los involucrados en este tipo de estafas contra el erario.

Lo que sí queda de manifiesto es que en la empresa petrolera que actualmente dirige Octavio Romero, muchas de las anomalías y fraudes contra la empresa petrolera empezaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y continuaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto.