Cárcel acecha a responsables de salud en Jalisco por corrupción y muerte

Dengue mosquito
Mosquito en el brazo de una persona.Pixabay

La falta más grave que registra la Contraloría en ese periodo se refiere a un contrato por 399 millones de pesos para suministro, traslado, conservación y aplicación de biológicos, de los cuales no existe documentación.

Se ha hablado mucho sobre los presuntos malos manejos administrativos y financieros así como en cuanto a omisiones o acciones inadecuadas que han existido en las más recientes administraciones al frente de la Secretaría de Salud en Jalisco , de ahí que no sorprenda que en este momento dos ex titulares de la mencionada dependencia estén ya enfrentando procesos legales, ni que la Contraloría del Estado a cargo de Teresa Brito cuente ya con 33 procedimientos en curso contra ex funcionarios.

Más aún, es de esperar que la lista se incremente tal vez en los próximos días, cuando se deslinden responsabilidades respecto a la negligencia criminal que provocó la epidemia de dengue que ha causado más de 10 mil casos de dicha peligrosa enfermedad y al menos 100 mil aún por ratificarse pero que ha cobrado más de 25 decesos y hasta un centenar que están por constatar.

Durante la pasada administración encabezada por el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, (2012-2018), tres funcionarios desempeñaron el cargo de secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, Antonio Cruces Mada y Alfonso Petersen Farah.

Los delitos que se imputan a los ex servidores públicos del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Jalisco que están sometidos a las indagatorias son presunto delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

La falta más grave que registra la Contraloría en ese periodo se refiere a un contrato por 399 millones de pesos para suministro, traslado, conservación y aplicación de biológicos, de los cuales no existe documentación.

Esta semana comparecieron el doctor Jaime Agustín González Álvarez, así como tres ex colaboradores más, y los cuatro solicitaron ampliación del término constitucional a 144 horas, plazo en el que se resolverá sobre la vinculación a proceso, fijando la reanudación de la audiencia hasta el próximo lunes.

La audiencia la encabezó el Juez Onceavo de Control y Oralidad del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, quien dictó medidas cautelares contra los imputados; presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que designe y prohibición de salir del país sin autorización. Así que será el próximo lunes cuando se decida si González Álvarez y tres colaboradores más son vinculados a proceso o no.

Los imputados son, además del ex secretario; José Luis "N", exdirector general de Administración; Luis Daniel “N”, exdirector de planeación y Miguel Ángel "N", exdirector de administración.

Por el mismo caso, otro ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, había sido convocado a un par de audiencias a las que no se presentó y tras librar con un amparo una orden de aprehensión, acudió finalmente este jueves a la nueva cita y fue vinculado a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Tal como dan cuenta los medios, los señalamientos contra Cruces Mada derivaron de haber firmado, sin contar con facultades, un contrato de prestación de servicios con la empresa consultora contable CIG, representada por Omar Azael Cruz Herrera, mediante el cual brindaría asesoría contable y financiera para la Secretaría a su cargo.

“Además, se omitió el procedimiento legal de la adquisición, pues Cruz Herrera no estaba inscrito en el padrón de proveedores y no hubo concurso ni licitación, pese que el monto del contrato lo exigía, pues fue por seis millones 294 mil pesos”, señala El Informador.

A pesar de que el abogado se quejó de que se juzgara aparte a su defendido siendo que a otros cuatro ex funcionarios se les estaba siguiendo un proceso por la misma causa y en todo caso se debía juzgar como co autoría, el juez imputó a Cruces Mada y procedió a la vinculación a proceso, al considerar que se puede presumir la comisión de un hecho delictivo por la sola existencia del contrato y la firma del señalado.

Y si bien el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva por el riesgo de que evada la justicia, el juez recordó que el ex secretario contaba con dos amparos para evitar la privación de la libertad. De tal suerte que como medidas cautelares, el juzgador ordenó resguardo domiciliario durante un año. Solo podrá salir por cuestiones laborales, de salud, relacionadas con sus hijos o si se le requiere en el proceso que enfrenta.

Por otro lado, trascendió que en los salones orales se presentó una caja llena de expedientes, en los cuales se señala a Antonio Cruces por irregularidades en la compra de medicamentos, así que no se descarta se le puedan abrir en breve más procesos.

Y es que, habrá también que recordar que en marzo pasado, el Gobierno del Estado de Jalisco presentó una denuncia en contra de Cruces Mada y otros colaboradores, por un presunto desvío de más de 605 millones de pesos. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Sin embargo, el daño al sector salud podría ascender a 8 mil millones de pesos, ya que tan solo en observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación no se han solventado 6 mil 100 millones de pesos.

En aquella oportunidad, entrevistado por la reportera de Milenio, Elsa Martha Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, declaró que ese caso debía terminar con cárcel.

“Yo quiero verlo, me encantaría (ver a Antonio Cruces en la cárcel); que cualquier funcionario que hizo lo que hizo ese funcionario acabara en la cárcel” expresó al señalar que él no puede garantizar que el ex secretario de Salud la pisará.

Agregó que sería responsabilidad del Fiscal Anticorrupción actuar, por lo que esperaba se terminasen los pretextos.

Caso aparte es el del actual Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren y la directora del Organismo Público Descentralizado OPD Servicios de Salud, Consuelo Robles Sierra, quienes actualmente mantienen en vilo a los jaliscienses a raíz de su incapacidad y negligencia frente a la epidemia de dengue que ellos mismos provocaron desde hace varios meses atrás y que no han podido frenar porque carecen de estrategias para ello y porque presuntamente el insecticida que se usó para las fumigaciones en las calles estaba caduco, incluso, esta es una más de las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría que encabeza María Teresa Brito Serrano, quien recientemente relató que recibió un documento en el cual la empresa Bayern, proveedora del químico, asegura que a pesar de tener una fecha de caducidad, el químico tenía la misma efectividad, siempre y cuando estuvieran almacenados de forma correcta. Y en este punto por cierto, no se debería descartar una investigación a la empresa Bayern.

Así pues, ante su falta de destreza, conocimientos y capacidad en los cargos que ostentan a partir del arranque de la presente administración que los integró en la estructura del Gobierno, por su negligencia criminal ante la epidemia de dengue, por mentir, por engañar, y por presuntos conflictos de interés en que habrían incurrido cada uno por su parte, es que ya pesan sobre ellos sendas solicitudes al Congreso del Estado para que se les instaure un proceso de juicio político, sin menoscabo de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad ha informado de que ha iniciado una investigación por su cuenta ante las múltiples denuncias que le han hecho llegar por parte de la población, y que cada vez cobra más fuerza la versión de que la dentista Robles Sierra estaría muy cerca de ser destituida del cargo por parte del gobernador Enrique Alfaro, que parece finalmente se decidirá a tomar cartas en el asunto en un tema que ha causado gran malestar entre los ciudadanos, que ha dejado muerte, enfermedad, dolor, y daños económicos en un estado en que como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, está prohibido enfermarse porque los servicios en materia de salud son una asignatura pendiente.

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