Las necedades que vienen

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 El tema de la posible contrarreforma penal, empero, ya está en los medios de comunicaciónEspecial

Al final, cobraron millones por llegar a balbucear cosas que bajaban de Internet.

La semana pasada se amagó con presentar una serie de proyectos de iniciativa de reforma al llamado “nuevo sistema de justicia penal” y al Poder Judicial en algunos aspectos. Se decidió posponerlos debido a la filtración de algunos documentos que contenían supuestas versiones preliminares de las modificaciones propuestas o definitivas (para efectos da lo mismo) y en parte porque es una maniobra política brillante soltar una carnada de este calado y esperar a que todas las partes interesadas muestren sus colores y su agenda. Así lo están haciendo.

Sobran documentos de análisis (preliminar, sin duda) sobre esos documentos que no fueron. El tema de la posible contrarreforma penal, empero, ya está en los medios de comunicación y en las mesas de discusión de abogados y politólogos. Sobre todo estos últimos están diciendo cosas realmente lastimeras, como que la propuesta de reforma es “inconstitucional” y “viola varios preceptos legales”. Como las iniciativas se dirigen a modificar el propio texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estas acusaciones son un disparate y lo menos que podemos hacer es definir los términos de la discusión para evitar la difusión de simplificaciones peligrosas.

Como no quiero caer en el mismo error de hilar en el vacío (hasta ahora no hay textos ciertos de reforma y escandalizarse por conjeturas es de activistas, no de abogados serios), lo que hoy es relevante es poner en términos claros y sencillos las posibilidades que tendría el órgano revisor de la Constitución de echar atrás cualquier aspecto de la reforma de 2008 en materia de sistema penal “acusatorio y oral”. La respuesta es simple: podría modificar lo que le diera la gana, sin posibilidad de impugnarse esa contrarreforma.

Esta aseveración provoca indignación y cólera de muchas personas y organizaciones, empezando por aquellos que hicieron de la oralidad penal un modo de vida bastante lucrativo por muchos años. Se dedicaban a llevar la buena nueva a todas las instituciones de gobierno, colegios de abogados y centros de estudios superiores, donde, a cambio de jugosos contratos y fondos internacionales, llegaban a promover el sistema judicial norteamericano como la panacea, ignorando las peculiaridades históricas que hicieron posible la consolidación del sistema de Common Law en unos países y el sistema de Derecho romano canónico en otros, incluido México, por supuesto. Al final, cobraron millones por llegar a balbucear cosas que bajaban de Internet. No fue el mejor momento del gremio.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que valga la pena defender el sistema de 2008, como está, debe hacerse por medios extrajurídicos. La Constitución Política no es una norma jurídica como otras, pues tiene carácter originario y rector respecto al Derecho válido, sea doméstico o internacional. En pocas palabras, quienes están negando la posibilidad del órgano revisor constitucional de modificar un precepto porque contraviene un tratado internacional de derechos humanos están poniendo los bueyes atrás de la carreta. El control de convencionalidad y el parámetro de regularidad constitucional son posibles y tienen sus alcances y límites desde la propia Constitución y es por ella y en los términos que ella establezca que pueden ser invocados con jerarquía constitucional en tribunales. Creer que un tratado internacional limita la posibilidad de reforma constitucional porque va contra la “progresividad” contenida en ella misma es no entender ni la mutación constitucional ni la interpretación conforme. Bueno, es no entender nada, como para ni decirse abogado.

Esperaré a la presentación de los proyectos reales para expresar mi crítica u observaciones a los mismos. Mientras tanto, sugiero a los politólogos que se abstengan de opinar de Derecho si lo desconocen o si solamente lo conocen superficialmente, que es aún peor, y propongo a mis colegas abogados que repasen sus lecciones sobre la naturaleza del constituyente, de los principios de interpretación constitucional y del principio de autodeterminación jurídica de la comunidad política, ese principio que siempre está en una constitución, y nunca en un tratado, por más políticamente correcto que este sea. 

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