August 15, 2019 03:27

Criptocracia. AMLO vs @revistaproceso

Proceso y AMLO
El país asiste a una relación distinta entre los medios y el poder público.internet

Las opiniones públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revista Proceso han generado una polémica porque rompen las formas de la relación entre el poder público y una publicación emblemática (de la que me siento muy orgulloso de escribir desde hace más de 20 años periódicamente en sus páginas). Es por mi relación con Proceso que me resulta difícil hacer una abstracción para un análisis si no estuviera involucrado como parte de esa, mi casa editorial como lo ha ido siendo también @sdpnoticias. No obstante, haré un esfuerzo por escribir las siguientes líneas de reflexión con la mayor asepsia que me es posible. Veamos.

Primero. El presidente Andrés Manuel López Obrador (guste o no) no actualiza ningún tipo penal ni actualiza alguna hipótesis normativa que le impida expresar su derecho a la libertad de expresión. Nadie en su sano juicio podría identificar algún quebranto al sistema legal con los dichos del presidente. Se han hecho de forma respetuosa por lo que ni siquiera la extinta difamación puede tener sentido para armar un caso judicial. 

Segundo. Si el presidente López Obrador lee o no la revista Proceso está en su derecho. No se le puede obligar a que lo haga. Es su opinión tan respetable como cualquier otra. Por supuesto, parto del hecho de que las palabras del presidente de la República no se traduzcan en acciones que vayan más allá de sus expresiones, tan sólo por citar algunas: a) Sanción en la asignación de publicidad oficial al margen de las reglas existentes (que no son las mejores, en modo alguno, pero son las que hay) discriminando a Proceso de las elementales reglas del mercado donde la presencia editorial vaya por un lado y la asignación de publicidad vaya por un camino muy distinto. Aquí sí ese derecho de expresión podría convertirse en un instrumento de disuasión de la crítica y de incentivo al halago. b) La intimidación a través de mensajes o de acciones debidamente identificadas que permitan tener indicios de que la libertad de expresión presidencial es el preludio de un uso ilegal del monopolio de la violencia del Estado. c) Auditorías del Sistema de Administración Tributaria, sin elementos razonables que justifiquen su existencia, dejando, por ende, la animosidad del presidente de la República como una explicación o razón ajena, si fuera el caso, al sistema legal. Si las anteriores acciones hipotéticas no tienen lugar -que hasta ahora no se han visto- se podría afirmar que hay un ejercicio presidencial a la expresión puro y duro tutelado por la Constitución.

Tercero. La revista Proceso ha sido -lo sigue siendo- un medio que se ha mantenido al margen del poder y ha decidido ejercer el escrutinio sin concesiones del quehacer público sean gobiernos del PRI, del PAN o ahora de MORENA. Ha sido fiel a su propia creación, a su naturaleza sobre el papel que quería cumplir con el derecho a la información del público. Desde tiempo atrás, por ende, Proceso ha sido -lo sigue siendo- un referente en la agenda pública. Por supuesto, jamás diría que es perfecta ni mucho menos. Al estar compuesta de personas, nada de lo humano le es ajeno. Sí puedo afirmar, empero, que en Rafael Rodríguez Castañeda, el director de Proceso, hay una honestidad intelectual y moral que anima sus acciones. Me consta de manera personal. A diferencia de otros medios en los que he colaborado, en Proceso jamás he sido censurado y se ha respetado mis puntos de vista, gusten o no al propio director, lo que para quien hace periodismo de opinión es un valor muy escaso en el país.  

Cuarto. Coincido plenamente con Rafael Rodríguez Castañeda en sus valoraciones sobre los próceres del periodismo de opinión del siglo XIX y su pluma a favor de causas cercanas a las posiciones del presidente López Obrador. No estoy a favor del periodismo militante -a pesar de que coincido en los puntos centrales de la 4T como es sabido-, pero lo respeto. Es la opinión del presidente – que no comparto- pero reconozco que los puntos de vista, por su propia naturaleza, no están sujetos al estándar de veracidad. Son subjetivos por sí mismos. 

Cinco. El país asiste a una relación distinta entre los medios y el poder público -el ejecutivo que es la expresión jurídica del Estado- donde el disenso, la amenaza, cumplida o no, tenían lugar fuera de los ojos del público. Hoy se hace a plena luz del día. Para bien o para mal. Mientras las expresiones del titular del Ejecutivo Federal no se conviertan en las acciones que, de manera enunciativa, apunté en el punto dos de esta entrega no advierto elementos que permitan ver barruntos de autoritarismo. Habrá, empero, que estar al pendiente y vigilantes de que eso jamás suceda por el interés público. 

@evillanuevamx

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