El día de hoy, Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público, ha anunciado su renuncia a la secretaría que encabeza. Un par de horas más tarde, el presidente López Obrador había ya comunicado su decisión de designar al Subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, como nuevo titular de la dependencia. 

La carta de renuncia enviada al jefe del Ejecutivo ha levantado serios cuestionamientos en torno a la funcionalidad del gobierno federal, particularmente, sobre el carácter del presidente y su personalísima concepción de gobierno. 

Urzúa aduce, como uno de los motivos detrás de la renuncia, que el gobierno federal toma decisiones de Estado e implementa políticas públicas sin base en evidencia empírica. La carta del ex secretario anuncia lo que muchas voces han criticado del presidente López Obrador: una profunda convicción ideológica en detrimento de un razonamiento de Estado, y un gobierno encabezado por un presidente fuerte -legitimado en las urnas- quien es protagonista de todas las decisiones ministeriales. 

Un jefe de Estado moderno, más allá de una postura puramente ideológica, debe promover políticas públicas que respondan a las necesidades del país, con base en evidencia empírica, tal como indicadores, estadísticas, pronosticadores de crecimiento, y sobre todo, una visión pragmática sobre la realidad nacional y el contexto internacional dentro del cual se desenvuelve el país. En este tenor, a lo largo de las últimas décadas, los gobiernos han optado por instituciones como la OCDE como organismo faro para la recomendación de políticas en un amplio abanico de materias. En otras palabras, la concepción moderna del gobierno descansa invariablemente sobre juicios imparciales -libres de tendencias ideológicas- realizados por cuerpos técnicos altamente especializados. 

A manera de ejemplo, los masivos recortes al presupuesto federal en los campos de salud, investigación, estancias infantiles, así como los despidos masivos de funcionarios federales, entre otros, en pos de la llamada austeridad republicana, parecieran no responder a las necesidades del país en términos de crecimiento económico y desarrollo. Por otro lado, la decisión de no incrementar los impuestos -recordemos que la recaudación en México en términos del PIB no alcanza el 20%- contradice la evidencia de que es indispensable una mayor recaudación para combatir la desigualdad y la pobreza, ambos prioritarios del actual gobierno.

Adicionalmente, de la carta de Urzúa se infiere una excesiva centralización del poder en manos del presidente. Si bien López Obrador fue electo con mayoría absoluta, y su figura yace detrás del éxito de Morena en los comicios de 2018, el Ejecutivo Federal descansa sobre una administración pública quien es responsable de asesorar -en el campo de su competencia- sobre la conducción de las políticas en determinada materia. La centralización del poder en las manos del presidente implica una disfunción en las labores de gobierno, pues los funcionarios designados devienen meros ejecutantes de las decisiones del presidente. Un jefe de Estado debe, en consecuencia, buscar la armonización de sus decisiones con los acuerdos de sus ministros, con miras a alcanzar una colaboración interministerial entre las dependencias y la propia cabeza del Ejecutivo Federal.

Un gobierno fuertemente ideológico debe ceder el paso a un gobierno funcional, con el objetivo de que sus políticas sean viables y coadyuven al desarrollo nacional en el marco de una planeación estratégica. En otras palabras, la visión del presidente debe ser traducida en políticas pertinentes que, con el asesoramiento y acciones de las dependencias, se traduzcan en hechos que respondan a una realidad económica.

El desdén por la evidencia, como explicitamente lee la carta de Urzúa, supone riesgos mayores para la viabilidad del país y para el combate contra los grandes problemas que aquejan a la nación. La ideología del presidente debe ciertamente ser respaldada -pues por su proyecto de nación votaron libremente más de 30 millones de ciudadanos- pero ésta debe traducirse en decisiones viables -sustentadas en la evidencia- que conduzcan a mejorar la vida los mexicanos.  Esta función corresponde a las secretarías de Estado.