El sábado, en Reforma, analizando entre otros temas las propuestas de austeridad y ahorro de López Obrador, el señor Jorge Volpi dijo: “La corrupción también cunde en nuestro sistema electoral y en los millones recibidos por los partidos políticos, sin que AMLO se haya referido a su reducción”.

En efecto, el virtual presidente electo es muy poco lo que ha dicho acerca de las excesivas cantidades de dinero que reciben el PRI, el PAN, Morena, el PT, Movimiento Ciudadano…

Lo único que Andrés Manuel ha expresado sobre el tema —o lo único que he leido— desde que ganó las elecciones es lo siguiente (cito a La Jornada de hoy lunes 23 de julio):

√ “AMLO: Morena no recibirá $1,400 millones del erario”

√ “Morena no recibirá el financiamiento público de mil 400 millones que le corresponden para 2019, porque se echaría a perder, como los otros partidos, y se pedirá a los institutos políticos de oposición ayuden a liberar fondos para el desarrollo del país”.

Me pregunto por qué en vez de pedir amablemente a los partidos que “ayuden a liberar fondos”, no hace AMLO lo más sensato y directo: exigir a diputados y senadores de Morena cambios urgentes a la ley electoral, de tal modo de reducir a niveles razonables el financiamiento público que reciben los institutos políticos.

A la “burocracia dorada” —es decir, la que tiene sueldos elevadísimos— Andrés Manuel no le está pidiendo “ayuda” para que acepten de buena gana y voluntariamente bajar sus percepciones económicas: ganarán menos de lo que hasta ahora reciben, y al que no le guste, que se busque otro trabajo.

Con los partidos políticos debería ser lo mismo: que se les entregue bastante menos dinero, y santo remedio.

Si Andrés Manuel no obliga al sistema electoral a entregar menos recursos —bastante menos— a los partidos, la batalla contra los excesos estará en riesgo de perderse.

No basta con las intenciones de Morena —como la de no aceptar mil 400 millones de pesos que por ley le corresponden—, lo justo es que la legislación determine bajar sustancialmente las aportaciones a los partidos, a todos.

Y, desde luego, lo anterior tendría que ser acompañado de estrictas medidas de control para que el financiamiento privado a los partidos políticos no caiga en situaciones lamentables como el lavado de dinero o el obligar a los candidatos a entregarse a los grandes empresarios o inclusive al crimen organizado a cambio de recursos para sus campañas.

En los tiempos de las redes sociales, a las que todo el mundo tiene acceso gratuitamente, se puede —y desde luego se debe— hacer campaña electoral sin más dinero que el necesario para poder caminar por las calles pidiendo el voto casa por casa.