¿Se imaginan todas las áreas naturales protegidas de México libres de extractivismo?

Luego de la aprobación de las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la Cámara de Diputados, ahora corresponderá al Senado de la República avalar o desechar la medida.

Seamos realistas tanto en Baja California Sur como el resto del territorio mexicano las áreas naturales protegidas muchas veces solo son de papel. El traslape con concesiones mineras, gaseras o petroleras, entregadas por la Secretaría de Economía ha otorgado 2.39 millones de hectáreas en zonas teóricamente orientadas a su protección por los servicios ambientales que ofrecen a quienes habitan cerca. Las concesiones son obtenidas por lo general por grandes corporativos extranjeros, generando conflictos con quienes suelen relacionarse con esto espacios tradicionalmente como pueblos originarios, comunidades rancheras o pesqueras y en ciudades.

En México existen 63 áreas naturales protegidas, hay registro de traslapes entre concesiones mineras y 13 de ellas tienen más de dos proyectos dentro de su superficie, es decir, un 46% del área concesionada en México está en ANP (Armendáriz Villegas, 2016). Ante la preocupante situación más de 100 organizaciones académicas, ambientales y sociales pidieron a los senadores dar marcha a la iniciativa, porque han contabilizado por lo menos 73 proyecto mineros en territorios destinados a su preservación.

Las modificaciones que aprobaron son el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente adicionándose que “en las áreas naturales protegidas no se autorizará el establecimiento de asentamientos humanos y la fundación de nuevos centros de población, ni actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”. En total hay 25 mil concesiones otorgadas, según plantearon en su exposición las y los legisladores.

Sin duda sería un avance para la Península de Baja California que cuenta en el puro centro con un yacimiento de clase mundial de cobre y molibdeno, el cual, posee Grupo México con su proyecto Mexicana del Arco SA de CV dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, de donde pretende extraer 45, 000 toneladas de producción anual de cobre si consigue la autorización de la autoridad ambiental. Aunque la empresa solicitó en 2014 y 2020 permisos para explorar, en ambas ocasiones le fue negada la autorización.

¿Recuerdas toda esa movilización que ocasionó la parálisis en la capital de BCS o en Todos Santos o en el destino turístico de Los Cabos a causa de una irregular aprobación de cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz en lo oscurito a favor de la minera Los Cardones? ¿Lo recuerdas? El megaproyecto Los Cardones de 422 hectáreas es de Ricardo Salinas Pliego y quiere explotar los cerros de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna para extraer oro; la presa con los desechos se ubicará en un espacio de 157.99 hectáreas.

Qué decir de Minera y Metalúrgica El Boleo SA de CV incrustada en el Área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Desierto El Vizcaíno. El Boleo es la única en operación. Pretende continuar y expandir la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso. Contempla una producción anual de 30,000 toneladas de cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y 1,187 toneladas de sulfato de zinc monohidratado de una superficie minada de 446.19 hectáreas.

Frenar el extractivismo 

Ojalá que el Senado de la República considere continuar con estas reformas para frenar el extractivismo minero en ecosistemas frágiles. Después de tantas décadas de luchas antiextractivistas en los territorios que conforman a México: esto es un triunfo. 

Claro, una empresa no entiende de significados culturales y de identidad, ellos solo imaginan como esos recursos naturales se convierten en un montón de billetes verdes que circularán directo a sus cuentas bancarias. Los que habitan o colindan las zonas protegidas tienen un vínculo y entiende la importancia. Son ellas y ellos quien deben aprovechas los servicios ambientales que ofrecen estos sitios. En un contexto de crisis ecológica, de una crisis civilizatoria, conservar sin actividades extractivas las áreas naturales protegidas supone pensarlas como zonas de esperanza.