Se entiende la premura de Andrés Manuel López Obrador de tener listas las bases para sus primeras acciones de gobierno para cuando asuma la Presidencia de la República; en mes y medio, ¡ya falta poco!

Lo que no es entendible es que en esa premura se pisotee la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De quién es la idea? ¿De AMLO? ¿De algún integrante de su equipo de transición o de algún legislador morenista?

De quien sea, pero alguien debe decirle al Presidente Electo que nada cuesta respetar la Carta Magna y, en cambio, le puede redituar mayor popularidad dentro y fuera del país.

Hay ya varios temas en los cuales los morenistas han dejado de lado el cumplimiento de los mandatos constitucionales, impactado la imagen de López Obrador. Vayamos aquí solo al más reciente donde se prevé hacer lo mismo: La pretendida consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.  

Tienen razón las voces que la han calificado como inconstitucional porque tal como la prevén va en contra de lo establecido en la fracción VIII del artículo 35 de la Carta Magna, donde se reconoce el derecho de los ciudadanos a “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, las que se sujetarán a lo siguiente:

Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: El Presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

Con excepción de la última hipótesis “la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión”.

Luego, “cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio…”

Previo a la convocatoria que realice el Congreso, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”; la misma Constitución prohíbe la consulta para determinadas materias.

Y será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de “la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados” de la consulta popular, la cual “se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”.

Entonces, como pueden ver la “consulta popular” planteada por AMLO y por su equipo de transición, incluso por los legisladores de Morena, no corresponde a la figura establecida en la Constitución. Por lo tanto, no puede dársele ni la validez, ni el efecto correspondiente en caso de así pretenderlo.

Eso que han dado por llamar “consulta” se realizará del 25 al 28 de octubre en tan solo 538 municipios de los más de dos mil que tiene el país, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, donde organizaciones civiles recibirán los votos de los ciudadanos, según se ha dicho a medios masivos de comunicación.

Claro, la Ley Federal de Consulta Popular solo prevé una fecha para realizarla y ya pasó: El mismo día de la jornada electoral; habría que esperarse a la próxima. Sin embargo, el impedimento para aplicar la figura legal bien pudo (y puede) quitarse aún mediante la reforma pertinente.

¡Y Morena y aliados son mayoría en el Congreso de la Unión! Instalándose la Legislatura hubiesen presentado la iniciativa para aprobarla de urgente y obvia resolución para que una vez asumido el mandato como Presidente Constitucional, López Obrador pudiera solicitar no una, sino las consultas que quisiera.

La legalidad le daría mayor proyección a AMLO; una imagen de respeto por el mismo respeto a la Constitución y a las leyes, que jurará cumplir a partir de que rinda protesta. ¿Cumplirá?

En fin, cabe preguntar: ¿Por qué AMLO insiste en realizar en este momento una consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México? Aún no es Presidente Constitucional, y como electo carece de facultades.

¿Por qué no esperar a asumir el mandato? Porque ¿entonces estaría obligado a acatar el artículo 35? Como sea, la falta de respeto a la Carta Magna y a las normas secundarias, desencanta, salvo a sus seguidores cautivos… ¿pero hasta cuándo?

Amén del tiempo, quién sabe si López Obrador quiere trascender a la historia solo como el hombre de izquierda que destronó al PRI y le quitó casi todo, o también como el mexicano de instituciones y leyes, estadista y hombre de Estado.

Retomando el tema: ¿Cómo vincular a las autoridades si en lo que se ha dado por llamar “consulta” no participa ni siquiera un 40% de la lista nominal? Es más, ni siquiera sabemos si quienes acudan a votar tienen la calidad de electores.

Además ¿cómo darle validez, crédito, a la recepción de votos efectuada por “organizaciones sociales” y no por una autoridad experta en la materia?

Por cierto, una consulta organizada por el INE no constaría tanto en estos momentos pues acaban de pasar las elecciones federales, entonces ya hay urnas, mamparas, funcionarios de mesas directivas de casilla capacitados, etc.

El empecinamiento hasta hace pensar en la posibilidad del temor a que en una consulta real, el 40% o más del electorado vote en sentido contrario a la pretensión de AMLO.

Un dato anecdótico: Cuando Gabino Cué Monteagudo era gobernador de Oaxaca hizo una “consulta popular” en contubernio del OPL para determinar si se construía o no el Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín.

Y esa “consulta”, que no estaba regulada por la ley local, terminó impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su pasada integración, y los entonces magistrados la calificaron como ilegal; más bien fue un ejercicio ciudadano de academia, pero nada más.

Gabino Cué fue el gobernador impulsor de las figuras de participación ciudadana: Plebiscito, referéndum, revocación de mandato y cabildo abierto, entre otras, pero que en su mayoría jamás se pudieron aplicar por la serie de candados a las mismas.

Un espejo.

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