September 15, 2019 06:02


Alfaro decreta como legal ecocidio y negocio truculento en Villa Panamericana

villa bosque
Villa PanamericanaFacebook

¿Esta era la legalidad de la que hablaba el gobernador cuando se aseveraba que el tema de la venta de la Villa Panamericana se haría en el marco de la legalidad?

Miente tajantemente el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro al decir que ya no hay impedimento legal para consumar el ecocidio y tan lucrativo negocio de particulares con recursos públicos a costa del deterioro ambiental en la zona conocida como El Bajío del Arenal en Zapopan; pues contrario a lo que en forma absurda y falaz afirma, es absolutamente falso que estén resueltos o no existan ya los juicios mediante los que se han dictado resoluciones judiciales que mantienen suspensión de promoción, venta, preventa, renta, habitabilidad así como todo tipo de permisos y licencias municipales de cualquier tipo de obra en relación a los terrenos y edificaciones de lo que fue el fallido proyecto inmobiliario privado de apartamentos denominado Villa Bosque, mejor conocido como Villa Panamericana, como maquiavélicamente lo declaró el mandatario jalisciense mediante un video difundido a través de sus cuentas en redes digitales de información comunitaria este martes 3 de septiembre.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, expresó esa mentirosa declaración tras hacer público que ha emitido un decreto que declara a El Bajío del Arenal como una zona de recuperación ambiental y prohíbe más permisos para vivienda en esa área, un acto de prepotencia y abuso de poder para favorecer con total descaro a empresarios con un lucrativo negocio, prohijando el impedimento de urbanizar y edificar vivienda en la zona pero permitiendo que sean comercializados para vivienda de lujo los casi mil departamentos en lo que se conoce como Villa Panamericana.

De acuerdo al convenenciero decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, “queda expresamente prohibido urbanizar superficies no urbanizadas con anterioridad, en El Bajío no habrá un solo permiso de construcción nuevo, El Bajío se va a conservar como lo que es, una zona estratégica en materia medio- ambiental. Nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permita que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara”.

Lo claro es que resulta totalmente absurdo que se le esté prohijando una enorme plusvalía al terreno e inmueble del que fue el fallido proyecto privado denominado Villa Bosque también conocido como Villas Panamericanas, al dictar protección y por ende prohibición de obras en El Bajío de El Arenal, pero dejando libre de ese obstáculo a las tierras y las construcciones ligadas al polémico e ilegal inmueble que tiene suspensión judicial para actividades constructivas e inmobiliarias.

Con esta acción, el Gobierno está otorgando amplias facultades a que los que detenten la propiedad puedan beneficiarse de la comercialización a muy alto precio de esos inmuebles, en tanto estarán situados en medio de una zona sin edificaciones, o sea un paraíso de urbanización en medio de un remanso, lo que podrán vender a altísimo precio.

Quiere decir que la restricción de urbanizar y comercializar aplica en los terrenos de El Bajío, pero en Villa Bosque sí se permite para que salga bien el jugoso negocio a los voraces empresarios que está beneficiando.

El negocio es muy obvio; venden 161,273 metros de construcción a $41,000.00 m2, esto es pretenden obtener 6,612 millones de pesos y pagar al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y al Instituto Jalisciense para la Vivienda (IJALVI) 1,500 millones, la diferencia, es el negocio para los especuladores y socios, el cual ronda los 5,000 millones de pesos.

¿Esta era la legalidad de la que hablaba el gobernador cuando se aseveraba que el tema de la venta de la Villa Panamericana se haría en el marco de la legalidad? Lo que se pretende con ese caprichoso y convenenciero decreto es simplemente ‘legalizar la ilegalidad’ para, una vez más favorecer intereses particulares y privados, lo que indudablemente es corrupción, al igual que en el caso del multimillonario programa para maquinaria denominada “A Toda Máquina” y en la adjudicación de contratos para servicios médicos al denominado ‘Cartel de la Sangre’.

Alfaro agregó que el proyecto de la Villa Panamericana lo aprobaron otros y también otras administraciones le dieron uso habitacional en 2009 y 2011, “con dictamen de impacto ambiental uso comercial y servicios turísticos, hotelero y de equipamiento institucional”.

Diversos personajes estudiosos del tema ambiental se han pronunciado tanto en contra del Decreto del Gobernador como de la venta de la Villa Panamericana para destinarla a vivienda. Jorge Fernández Acosta, del Colegio de Arquitectos de Jalisco, ha sostenido que no existe ningún costo que justifique atentar de manera salvaje contra el medio ambiente, dijo que un mil 500 millones de pesos por la venta de la Villa Panamericana es una burla para la sociedad. Además, señaló que no existen estudios, ni bases normativas, ni siquiera una consulta que respalde la imposición del decreto anunciado. Por su parte, Arturo Gleason, una eminencia del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, aseveró no existe fundamento técnico ni seriedad científica en lo que llamó ocurrencias del Ejecutivo del Estado.

Ahora bien, en cuanto a su afirmación de que “no hay ya impedimento legal de ningún tipo para las Villas, porque así lo decidieron los jueces que atendieron cada uno de los tres juicios que fueron presentados y que fueron desechados”, habrá que reiterar algo que el gobernador seguramente conoce pero está pretendiendo ignorar, como es la existencia de resoluciones judiciales que ordenan suspensión de toda actividad como promoción, preventa, venta, renta, habitabilidad, obra y todo tipo de utilización del bien inmueble, tal como lo ratificó el viernes 30 de agosto la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, al emitir una orden que exige a las autoridades preservar la suspensión e informar cómo se está cumpliendo, apercibiéndoles de las sanciones administrativas y penales en que incurrirán en caso de desacato.

Enrique Alfaro está cometiendo abuso de autoridad, al legalizar una ilegalidad a sabiendas de que existen diversos procesos judiciales en torno al mencionado inmueble; ha pretendido pasar por alto el ecocidio que representaría destinarlo a vivienda como lo proyecta la empresa con la que se firmó el leonino convenio y con total descaro recurre a una argucia legal que lo coloca, como ya lo hemos mencionado, como un personaje oscuro, opaco, prepotente y soberbio que no le importa pasar por encima de nada ni nadie para hacer cumplir su voluntad.

Las organizaciones ciudadanas Conciencia Cívica Jalisciense, Parlamento de Colonias de la ZMG, Fundación Cuenca Lerma Chapala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, a las que se han sumado el Colegio de arquitectos urbanísticos y destacados académicos, han manifestado públicamente que impugnarán el decreto por considerar que no protege en forma adecuada la zona de El Bajío y permite lucro y ecocidio en La Villa Panamericana, así mismo que continuarán en la lucha legal para lograr su demolición, para que la extensión territorial que ocupa se convierta en un espacio abierto de recreación social y de adecuada recarga de mantos freáticos, siendo interesante que en los mismos términos se ha expresado ya la Universidad de Guadalajara a través del rector general Ricardo Villanueva Lomelí.

0
comments
view comments