El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha dado una muestra más de su actitud plena de altanería, prepotencia y soslayo a las instituciones, sobre todo a las del Poder Judicial, al prohijar un acuerdo por la venta de la Villa Panamericana, en el que establece que no obstante la existencia de recursos legales que vienen ordenando suspensión de actividad como es promoción, preventa, venta, renta, habitabilidad, obra y todo tipo de utilización del bien inmueble, señala que no le importa y a pesar de la existencia de estos procedimientos da por sentado que los podrá brincar.

A reserva de conocer los términos del convenio que comprende la acción mercantil referida, según da a conocer este lunes un diario local, se tendrá que advertir que los firmantes incurrirán en una ilegalidad toda vez que existen procedimientos legales que no han sido desahogados por la autoridad correspondiente que impiden por ley cualquier permiso o acción inmobiliaria como la que se pretende concretar el último día del presente mes.

Habrá de recordar que la Villa Panamericana albergó a 7 mil 500 atletas en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, desde entonces está convertida en un “elefante blanco”. Su inversión ascendió a alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que aportaron el Gobierno del Estado con recursos públicos a través del Instituto de Promoción de la Vivienda (IPROVIPE) hoy (Ijalvi) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y en una mínima parte la empresa constructora Corey, siendo gobernador el panista Emilio González Márquez.

La intención era recuperar la inversión a través de la venta de los 650 departamentos de los que consta el complejo, pero vecinos del lugar, organizaciones civiles y la sociedad en general se opusieron a que se destinara a vivienda debido a que se encuentra en una zona de protección ambiental y recarga de mantos acuíferos, por su cercanía con el Bosque La Primavera, pulmón principal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y se interpusieron diversas denuncias y demandas que se mantienen vigentes, además de existir averiguaciones en curso por presuntos señalamientos de desvío de recursos y peculado.

De ahí que cualquier propuesta para modificar el estado actual de ese complejo es inviable toda vez que el malogrado inmueble permanece clausurado y legalmente nada se puede hacer en tanto prevalezcan abiertos los diversos procesos jurídicos que lo mantienen inmovilizado. A la fecha existen dos juicios administrativos ante el Tribunal Administrativo del Estado, un juicio mercantil, un amparo federal y dos averiguaciones previas; una en la Fiscalía General del Estado y otra en Procuraduría General de la República, que mantienen a dicho inmueble asegurado y con una suspensión definitiva de cualquier permiso y de cualquier acción inmobiliaria.

No obstante lo anterior, hoy el diario NTR Guadalajara, publica en primera plana una nota firmada por la periodista Sonia Serrano, a través de la cual informa la existencia de un convenio que se firmará el 30 de agosto para concretar la venta a la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará a instituciones públicas por el edificio mil 500 millones de pesos, desechando los proyectos anteriores que pretendían darle un uso de menor impacto ambiental, como era una casa hogar para la tercera edad y hospital geriátrico, y también en su momento se propuso que fuera la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Señala que “para eludir las acciones legales que motivaron una suspensión, la empresa que comprará la Villa le anexará un terreno, con lo que se alcanzarán los metros cuadrados que se requieren para cubrir la densidad de vivienda”.

Si bien en la nota periodística se da cuenta de las sumas de dinero que se entregarán a las instituciones participantes por concepto de la venta del inmueble, se manejan cláusulas para la posible entrega de un recurso extraordinario, y se menciona que “el contrato quedará sujeto a diversos puntos, entre los que están la validación de permisos y licencias otorgadas con uso de suelo mixto distrital, inclusive la obtención de los certificados de habitabilidad municipal y/o cualquier permiso trámite, acto administrativo o cualquier otro requerimiento material y/o legal de conformidad a la legislación aplicable. También a la reparación, equipamiento y señalización de las vialidades, camellones y banquetas municipales para ingresos y accesos a la Villa Panamericana, entre otros puntos”, nada se refiere en torno a los problemas que generaron las denuncias y demandas, y que dada la repercusión que podría traer para nuestro medio ambiente el sobrepoblar esa zona son de primera importancia para los tapatíos.

Es preciso se dé respuesta a temas que son de fundamental interés como ¿qué pasará con el manejo de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida, los impactos ambientales en la zona de recarga, el manejo de cuenca y la garantía para infiltración adecuada y manejo tanto de las aguas pluviales como los mantos freáticos, los impactos viales, y la viabilidad de infraestructura?, entre otros.

Es de alguna forma interesante la reacción del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, quien ha salido este mediodía a decir que es adecuado que primero se deban resolver los procedimientos y que no otorgará las licencias -que le van a exigir seguramente que las modifique o que las otorgue- para que siga adelante la venta de la vivienda que quiera hacer el gobierno del estado a través del convenio que se está por firmar.

Enrique Alfaro en tanto, ha admitido que él en un principio, era opositor de la Villa pero que resulta un daño mayor el dejar en el abandono estos proyectos con costos de miles de millones de pesos, pues “tenemos que entender que estos proyectos que se hicieron con dinero público tienen que tener una salida”.

Lo cierto es que el uso para vivienda es algo que no puede darse, es ilegal, y están ya en este momento las instituciones firmantes incurriendo en una violación a la suspensión lo que implica un incidente que, según trascendió, ya algunos grupos opositores al proyecto de vivienda como Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica, entre otros, estarían en posición de interponer una acción penal.

El derribo de este inmueble es el planteamiento que se hace en juicios y ahora ya no solamente se está buscando una solución para que se establezca ahí una entidad con fines tecnológicos, de investigación o de fines de gobierno con densidad de población menor, educativa u hospitalaria, sino que ya dice llanamente que se pretende enajenar para que siga adelante el proyecto de vivienda lo cual es inadecuado, es ilegal y es inmoral, como ilegal es la forma que lo quieren hacer, es decir, a manotazos, a gritos y pasando por encima de la ley y eso es corrupción, y es abuso de autoridad por parte del gobierno de Enrique Alfaro.