Apenas una semana después de haber tomado posesión del cargo de presidente de la República, Felipe Calderón, comenzó la llamada guerra contra de las drogas con el “Operativo Conjunto Michoacán”. Al concluir su sexenio el saldo fatal fue de 70 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Derivado de esta estrategia de lucha en contra del narcotráfico, aumentaron en nuestro país: los homicidios, desaparecidos, secuestros, extorsiones, trata de personas, asaltos, huachicoleo… Entonces la relativa paz de la cual gozaba México se fue diluyendo hasta llegar a sus puntos más álgidos en 2010 y 2011, con 20,680 y 22,852 homicidios dolosos respectivamente.

Posteriormente, durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidio se redujo en un 31.5% de 2011 a 2014. Sin embargo, en 2015 la tendencia hacia la baja se revirtió y el último año del sexenio, es decir 2018, fue considerado el año más violento del cual se tenga registro, según cifras oficiales.

Ahora en el actual sexenio, la violencia parece imparable: según datos confirmados por la Presidencia de México, entre el primer día de enero y el último de marzo se documentaron poco más de 7,000 homicidios; en promedio, 78 cada 24 horas.

Pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública, registra números más elevados.  Ese organismo dependiente del gobierno mexicano indica que la cifra podría superar los 8,500 asesinatos, lo que representaría 96 casos cada día

Es decir 30% más homicidios que en 2011, el año más violento de Calderón

De acuerdo con el ultimo Índice de Paz 2018, elaborado desde 2007 por el Institute for Economics and Peace, el impacto de la violencia en México superó el 24% del PIB, es decir 268 mil millones de dólares o 41,181 pesos por habitante.

El año pasado, el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Y la violencia afectó tanto a los políticos como a los civiles, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018. Al menos 175 candidatos o funcionarios fueron asesinados.

Pero el principal hallazgo de la sexta edición informe es que, ante la escalada de violencia, el gobierno (anterior y el actual) ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, limitando con esto la capacidad institucional para impulsar la paz y proveer justica y seguridad.

Yucatán, Campeche, Tlaxcala y Chiapas ocuparon las primeras posiciones como las entidades más pacíficas, en tanto que en el extremo opuesto se ubicaron Quintana Roo, Colima, Guerrero y Baja California.

Finalmente, después de analizar los resultados, el Instituto advierte que es imperativo no solo gastar más, sino también gastar mejor. ¿Realmente se está gastando para reducir la violencia en México?

La justificación a esta pregunta tiene los siguientes argumentos: el debate acerca de la fiabilidad de los datos proporcionados por el gobierno mexicano; la altísima percepción negativa de la sociedad, misma que se agudizo en los últimos años; preocupaciones legítimas sobre la manera en que los delincuentes son capturados y juzgados; entre otras.

Pero sobre todo la impunidad: pues únicamente en el 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3% se cerraron con una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad del 97%.

¿Es la Guardia Nacional, la solución al grave problema de violencia e inseguridad en México?

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo era la única y los resultados sólo serán visibles hasta dentro de aproximadamente tres años, por ello, era tan urgente su aprobación y ahora lo es la implementación.