Hay temor, mucho temor, por la desavenencia pública entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Puebla. Entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la comunidad universitaria.

Las sospechas tiene que ver con la repentina intención del nuevo contralor de la entidad por revisar los fondos federales (no estatales) entregados a la institución.

Los que saben del asunto presienten que más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, puede haber un ajuste de viejos agravios y disputas de parcelas de poder.

En la vieja tradición de la política mexicana los puestos públicos sirven para cobrar afrentas a los enemigos. “La venganza es un plato de sopa fría”.

Lo recuerdo porque en un contexto más amplio, de opinión pública, y de experiencias especificas, las universidades son las últimas entidades que aparecen en los indicadores de percepción de corrupción.

¿Qué hay un núcleo duro mordiéndose las uñas a la espera de que uno trastabille? Sí, si lo hay. Pero no es determinante.

Pero el problema dista mucho de ser de dimes y diretes, como se le ha reducido.

¿La universidad pública está cumpliendo con su cometido de forjar buenos y mejores ciudadanos, mediante la formación de técnicos y especialistas en los diversos campos del saber y el entendimiento, y redunda en mejores estándares de vida, en un ambiente de tolerancia y concordia?

¿Los gobiernos cumplen con el mandato del artículo 3º Constitucional que eleva la educación a derecho universal exigible, de nivel de preescolar al universitario?

Contundentemente no, y no. Me parece que ese cuestionamiento ni siquiera esta en el horizonte de lo deseable.

En el caso de Puebla y en el resto del país, los objetivos y acciones de las universidades van en una dirección y los anhelos de prosperidad y progreso del grueso de la población en otro.

Al grado que se esta dando una inversión peligrosa que nadie percibe. Las universidades privadas están haciendo las veces de las públicas. Asómense a las acciones y planes de trabajo de las Iberos.

La cuestión de fondo no son las competencias entre poderes para revisar la orientación y aplicación del gasto universitario. En el mejor de los casos, ese es un asunto de procedimiento administrativo.

La piedra angular, en la que deberíamos estar metido todos, es qué papel le asignamos a la universidad pública para enfrentar los retos del nuevo siglo, y salir del fondo de las inequidades.

Sólo para ponderar: el año pasado el antropólogo Claudio Lomnitz, que enseña en Columbia, escribió un ensayito de título provocador “¿Para que sirve la universidad?” (Nexos, junio 2019). En el que sostiene que “Inglaterra hubiera perdido la guerra con Alemania sin el papel de los universidades de Oxford y Cambridge”.

Es el punto deberíamos estar debatiendo todos, la universidad como creadora de capital cultural y humano, como pide el profesor Juan Carlos Canales.

Pero eso no reditúa en el mercado de las clientelas. No esta en el hábitos universitarios, como diría Bourdieu. Pareciera que lo dominante ahí, como afuera, es la obediencia.

La obediencia y no la educación es la llave de la movilidad social. “De los libros al poder”, sentenció Gabriel Zaid. Un libro que debería de ser manual obligado para todos los universitarios.

Se trata, claro está, de un debate que trasciende a la universidad, y a los gobiernos. Aunque ellos lo quieran constreñir a sus intereses de grupos y partido ¿Qué universidad?  ¿Para qué sociedad?, es el dilema.

Es una cuestión que demanda la opinión de todos. Pero nuestros gobernantes sigue como en el pasado, imbuidos en la disputa de parcelas de mando. No lo avizoran de ese modo.

Hay algunos profesores viejos que albergan temores del pasado, como que de nueva cuenta se quiera capturar ideológicamente a la universidad.

Para el caso señalan lo que esta ocurriendo a la Universidad de Nayarit. A hurtadillas de la comunidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica que, entre otras, modifica los criterios de elección de rector y la administración de las finanzas.

También los diputados de allá hablan de “estricto respecto a la autonomía universitaria”.