América Latina atraviesa por profundas afectaciones sociales y económicas a raíz del COVID-19.

Los datos que proporciona la ONU a través de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) son contundentes ya que se estima que el desempleo se ubicaría en 11.5 %, y el número de desempleados de la región llegaría a 37.7 millones; la tasa de pobreza en la región aumentaría en 4.4 puntos porcentuales al pasar de 30.3 % a 34.7 %, lo que de manera cruda se traduce en un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza, y la inclemente pobreza extrema crecería para 16 millones de personas al incrementarse en 2.5 puntos porcentuales, fijándose en 13.5%.

Es claro que ahora más que nunca las políticas públicas deben tener una rigurosidad sobre los efectos sociales y económicos que estas conllevan.

Es imperante implementar medidas cuyo costo esté ligado a su efectividad y no cometer el error, que muchas veces hemos cometido, de ser el centro de experimentos regulatorios cuyos efectos, por decir lo menos, solo benefician a quienes las promueven.

El incremento o creación de nuevos impuestos pueden ser contraproducente en estos tiempos por los que atraviesa tanto nuestro país como la región latinoamericana, afectando aún más a los que menos tienen.