La creación de la Guardia Nacional ha sido aprobada por la Cámara de Diputados Federal; ahora falta el aval del Senado de la República, donde Morena no las tiene todas consigo pero podría conseguir la mayoría calificada con miembros de otras bancadas.

Igual como lo hizo en la Cámara Baja donde sumó a los legisladores del PRI, PVEM, PES, PT y algunos del PRD. Pero no tuvo el aval de las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano, así como de algunos perredistas. Veremos qué pasa en el Senado.

La Guardia Nacional, sin duda, implica miedo a lo desconocido; a convertir a México en un país militarizado como ocurre en Estados nacionales de Centro y Sudamérica; a pulverizar los derechos humanos e incrementar las detenciones arbitrarias y violentas.

Sin embargo, la experiencia de México puede ser distinta; dependerá de los controles constitucionales y legales, así como de los contra-pesos representados por los poderes Legislativo y Judicial, cuando entre en funciones la Guardia Nacional.

Hasta el momento, el Legislativo no ha sido contrapeso a las decisiones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sino más bien su aliado fiel como en los mejores tiempos de la hegemonía priistas, donde el Poder Legislativo era una dependencia más del Ejecutivo.

Y quien sabe hasta dónde pueda ahora jugar su papel de contra-peso; será necesario leer de “p” a “pa” las reformas constitucionales y en todo caso las próximas legales, para saberlo a cabalidad. Por lo pronto, el Congreso de la Unión no tendrá la facultad de disolver la Guardia Nacional.

En fin, habría que conceder el beneficio de la duda a la Guardia Nacional si en verdad se trata del mejor mecanismo para combatir el crimen organizado en el país, donde hay entidades, municipios y comunidades completas involucradas en actividades ilícitas.

Actividades que atentan no solamente en contra de la salud, de la vida y de los bienes de las personas, sino también en contra de la seguridad nacional, incluidos bienes. Ahora mismo estamos viendo la lucha frontal entre el Gobierno Federal encabezado por el presidente López Obrador y el crimen organizado en el robo de combustible.

México vive momentos difíciles, delicados, riesgosos. Y no queremos creer que el combate al “huachicol” en todos sus niveles sea solamente una farsa como se ha ventilado en redes sociales; o el enfrentamiento de bandas institucionalizadas e incrustadas en los órganos de gobierno tanto federales como locales.

Retomando el tema: Sí, la Guardia Nacional implica miedo a lo desconocido. Pero también un resquicio por donde rescatar a México del crimen organizado; y habría que cuidar que no termine en un cuerpo para someter solamente a personas que delinquen por hambre.

De entrada anima el que un Consejo de Seguridad Interior y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los dos años siguientes a partir de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, realizarán un diagnóstico de la fuerza y capacidades de las corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

“En dicho diagnóstico, las corporaciones de los estados y municipios que no cuenten con fortaleza institucional serán sometidas, después de seis meses, a un segundo diagnóstico y si persiste la debilidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descontará al gobierno estatal o municipal respectivo, el monto correspondiente a la prestación del servicio de seguridad pública, considerado en el rubro de participaciones federales”.

Quiere decir que en los estados y municipios con corporaciones policíacas sin fortaleza institucional, ¿entrará la Guardia Nacional a prestar el servicio de seguridad? Pues son muchos por el momento, y necesaria la entrada de dicha Guardia. Todos los días la nota roja da cuenta de descabezados, de fosas clandestinas, de sembradíos de estupefacientes y de robo de combustible.

Vaya, con la Guardia Nacional quizá hasta se terminen las manifestaciones violentas. Y no es estar en contra del derecho humano a la libre manifestación, sino más bien es momento para hacer efectivo el Estado de Derecho cuando los peticionarios transgreden la paz, cometen delitos o afectan los derechos de terceros.

La misma Constitución General así lo establece, porque los derechos humanos no son absolutos; tienen restricciones impuestas por la Carta Magna.

Nada más habría que cuidar que en la aplicación del Estado de Derecho, no haya extralimitaciones, que terminen con hechos como en 1968, como Ayotzinapa o Asunción Nochixtlán.

La Guardia Nacional se constituirá, inicialmente, con elementos de las policías Federal, Militar y Naval, y contará con una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Dicha Guardia será responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la Nación.

Y la dirección de la misma recaerá en un mando civil, como lo exigían diversos actores políticos. Aunque habría que ver en qué términos. Porque más bien tiende al mando mixto entre civiles y militares. Así la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las implementarán.

Incluso, la misma comunicación institucional refiere que:

“La Guardia Nacional estará adscrita a la SSPC; sin embargo, en el artículo quinto transitorio se estipula que en tanto persista la emergencia de violencia e inseguridad en el país, y por un plazo máximo de cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Sedena para la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.”

Entre lo bueno destacan disposiciones para garantizar que los elementos de la Guardia Nacional tendrán formación y capacitación específica para la función policial con respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género; y que las personas detenidas por la misma deberán ser puestas a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan.

En fin, México está a un paso de la Guardia Nacional; dependerá de lo que diga el Senado, pero la tendencia es a crearla.