Cuando el poder militar se convierte en militarismo

Durante las próximas horas se estará discutiendo en el Congreso de la Unión lo referente al dictamen que daría paso a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional y que en términos generales, le otorgaría al Ejército Mexicano un control "más que parcial" sobre la población del país.

 

De los puntos del dictamen, el investigador John M. Ackerman ha destacado los siguientes: disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”, autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”.

 

Otorgándole tales facultades a las fuerzas armadas, se vuelve casi inexcusable tanto la ineptitud y falta de credibilidad de las instituciones policiacas del sistema judicial  mexicano, así como también queda a la vista de todos la ahora peligrosa obsesión por parte del ejecutivo federal para acabar con este cáncer llamado narcotráfico mediante el uso de la violencia física legítima.

 

Tal y como lo señala el Maestro Héctor González Uribe, uno de los problemas más serios y trascendentales que se plantean al tratar de delimitar la función política es el de sus relaciones con el poder militar. Éste es, ciertamente, el que por su disciplina, su organización y sus ordenanzas más se asemeja al poder político. Aunado a que varios lo han considerado como la forma técnicamente más perfecta de ejercer la autoridad, se ha presentado la tentación de considerar como el mejor gobierno el que asienta sus pilares en lo militar. Un gran error.

 

Si consideramos lo expuesto por el artículo 129 de nuestra Constitución que hace referencia a que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, es claro que para los ojos del ciudadano en este momento la única paz que conocemos es la capital de Baja California Sur y nada más, debido a los constantes enfrentamientos entre fuerzas armadas y la delincuencia organizada que día tras día tiñen de color rojo nuestras ciudades y generan un temor de grandes dimensiones en cada habitante, por lo que cabría la posibilidad de justificar la presencia del ejército en las calles. De la definición de "paz" que se incluye en el dictamen (el cantinfleo en su máxima expresión) se deduce que está más complicada de entender que un problema matemático de David Hilbert.

 

Lo que realmente enciende la alarma es lo que ocurre con la otra cara de la moneda; en un informe presentado a finales del año pasado por  la prestigiada ONG "Human Rights Watch" en torno a la situación de los Derechos Humanos en el mundo, se desprende un capítulo dedicado a México en el que se señalan las constantes violaciones a dichos derechos por parte de las fuerzas armadas, manifestadas en ejecuciones, torturas y violaciones sexuales. Así mismo, nos brinda un dato escalofriante, en el que, según los Registros de la CNDH de México, se han presentado 65 casos de abusos perpetrados por el Ejército desde el 2007, y se recibieron denuncias sobre más de 1,100 violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la primera mitad del 2010.

 

Esto inevitablemente genera en la población una total desconfianza hacia el Ejército  mexicano, y peor aun si consideramos que así como el sistema de justicia que tenemos como civiles roza en la disfuncionalidad, lo propio ocurre con el sistema de impartición de justicia militar, en el que según el mismo informe de Human Right Watch, la gran mayoría de los casos anteriormente mencionados nunca son juzgados con éxito, entre otros motivos, porque el sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta general de transparencia. Preocupante es que, según las autoridades militares, desde 2007 un sólo militar ha sido condenado en la justicia militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual sexenio.

 

Y tengamos algo muy claro, si lo que se pretende con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es velar por la seguridad de los mexicanos a costa de ver pisoteados nuestros Derechos que por la sencilla razón de ser personas tenemos y que además es obligación constitucional del Estado garantizar su protección y que hoy más que nunca en la historia de México se encuentran en una situación crítica, díganle al Señor Presidente, a los Legisladores y a las autoridades militares que mejor "ahí la dejamos", a menos de que vayan a tener tiempo en su agenda de trabajo para acudir continuamente a los tribunales y frente al propio Congreso a rendir cuentas en torno a los desacatos sobre las recomendaciones que muy seguramente la CNDH se encargará de emitir.

 

La historia nos lo ha dejado claro, ningún Estado puede mantenerse largo tiempo sobre el exclusivo empleo de la fuerza, porque acaba por destruírse a sí mismo. Saludos a Egipto y Libia.

0
comentarios
Ver comentarios