Esta semana la Cámara de Diputados deberá dedicar su mayor esfuerzo para la revisión del Paquete Económico con el que el gobierno federal pretende financiar su proyecto transformador del país durante 2020 para reducir las desigualdades sociales y regionales mediante la promoción de proyectos de inversión que impulsen el desarrollo nacional.

La meta es alcanzar el próximo año una tasa de crecimiento entre 1.5 y 2.5 por ciento con inflación anual de 3 por ciento, tipo de cambio de 19.90 pesos por dólar, tasa de interés de 7.1 por ciento, con ingresos petroleros basados en un precio promedio de 49 dólares por barril y mantener el déficit fiscal de 1.8 por ciento como proporción de PIB.

Para lograrlo se plantea ejercer un presupuesto federal de 6 billones de pesos que se financiará con poco más de 5.5 billones de pesos contemplados en la Ley de Ingresos que plantea diversos cambios importantes en las leyes de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además del endurecimiento del Código Fiscal de la Federación (CFF).

A partir de las optimistas expectativas gubernamentales, cada vez más sombrías por el entorno mundial, pero sobre todo por el estancamiento interno y la distancia que se ha ahondado en materia de inversión privada, los legisladores tendrán que analizar con frialdad la realidad para ofrecer un escenario que dinamice a la economía nacional en un entorno de seguridad y confianza el corto, mediano y largo plazo; lo que no es sencillo.

Tendrán que echar mano de argumentos sostenibles, especialmente en lo que toca a la Ley de Ingresos porque ahí está la base de todo.

De entrada, hay que considerar que el proyecto de gobierno carece, entre otras cosas, de recursos suficientes para su plan de transformación del país y que, además, se niega a emprender una indispensable reforma fiscal que se redistribuya el ingreso nacional a partir del restablecimiento del equilibrio de las diversas regiones, lo que implicaría desterrar los privilegios tributarios en el norte del país, lo mismo que los paraísos fiscales estatales como las de tenencias, nóminas o prediales y terminar con el clientelismo político del ambulantaje, por ejemplo.

En la Ley de Ingresos para 2020 hay algunos avances para incluir en el pago de contribuciones a sectores, como los basados en plataformas digitales, que habían quedado fuera y no se profundiza en temas como la renta privada de inmuebles para el turismo cuyas externalidades son gravosas para la ciudadanía.

Hay diversos asuntos, sin embargo, que deben ser considerados.

Se eliminaron algunos estímulos fiscales y exenciones que de no ser bien legislados pueden generar distorsiones graves a la confianza y a la inversión, con lo que se afectarán el empleo, el consumo y a la economía.

De esos, destacan la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) pagada de la utilidad fiscal base para los pagos provisionales del ISR y la eliminación de la deducción en el ISR del 25 por ciento del salario efectivamente pagado a personas que padezcan discapacidad motriz, auditiva, lenguaje, mental o a invidentes.

Peor aún, por la austeridad se prevé eliminar el estímulo para las personas que se dediquen a la Producción Cinematográfica Nacional, de aplicar el monto del crédito fiscal que se les autorice, contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

Entre los cambios que podrían afectar la inversión productiva se modifica la retención por intereses pagados a personas físicas residentes en México y la retención se calcularía aplicando la tasa anual del 1.45 por ciento sobre el monto del capital.

Algo que modifica las “reglas del juego” es que, si bien mantendría el estímulo fiscal en el IVA y IEPS para los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, este sería aplicando ciertos porcentajes sin criterios definidos en la iniciativa, que se aplicarían por sector económico y tipo de bienes y sus reducciones correspondientes, pero dependiendo de los años tributados en dicho régimen.

Otro tema, para el que no se advierte experiencia legislativa en medio de una economía nacional en franca desaceleración, es el hecho de que la compensación universal continúa sin aplicarse, modificándose el CFF para no permitirla, por lo que solamente se podrían seguir compensando saldos a favor de determinado impuesto contra el mismo impuesto.

A partir de esta pequeñísima muestra de asuntos incluidos con “letra chiquita” obliga a que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados trabajen con responsabilidad y honestidad, que busquen la mejor asesoría posible y que los partidos de oposición despierten para trabajar en la construcción de un plan económico emergente que saque del letargo al país.

Nada peor puede sucederle a México si no hay crecimiento, empleo, producción y consumo en un entorno de certidumbre, legalidad y seguridad. Ahí estaría la verdadera transformación.

@lusacevedop