El objetivo que plantea la sustitución del Seguro Popular por el INSABI es inobjetable y deseable porque garantiza la atención de la salud en todas sus formas y para todo tipo de enfermedades, pero mejor aún de manera gratuita para todos los residentes en México y en todas las etapas de su vida, incluidos los fifís.

A eso corresponde la promesa de salud gratuita y universal. Bienvenida.

Sin embargo, el problema en primera instancia, es que el gobierno federal no ha sido capaz de mostrar cómo, con qué y de qué manera se llevará a cabo esa promesa de forma permanente. Salta a la vista que carece de un programa medible sobre su operación, financiamiento y, sobre todo, de que se le puede dar continuidad en las características de las diferentes regiones y municipios. No garantiza certidumbre.

Más allá de lo que ha planteado la propaganda, no se percibe la construcción de un esquema presupuestal verosímil y paralelo de la manera en que se atenderá el gravísimo problema representado por enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes o cardiovascular que absorben el 70 por ciento del gasto nacional en salud. No se diga, de la medicina preventiva.

En consecuencia, tampoco se ha explicado si habrá recursos suficientes y permanentes para garantizar en plazos precisos y revisables, la creciente demanda hospitalaria, los esquemas para revertir el desabasto de medicamentos o los largos tiempos de espera para la atención médica (incluso en el ámbito privado), que finalmente agravan las enfermedades y son fuente de otro tipo de males.

Al involucrar a todos los mexicanos este tema nos ha colocado en una situación de angustia y desasosiego.

Pero también, porque detrás de esta crisis se han dejado de lado varios problemas que afectarán la convivencia, la estabilidad económica y el modelo político del país.

En los términos planteados por el gobierno, la gratuidad y universalidad del esquema de salud plantea a la distancia una grave división entre los mexicanos, porque supone que quienes tienen cobertura médica en el IMSS, el ISSSTE o dispone de un seguro privado están excluidos de los beneficios que se pretenden con el INSABI.

La fórmula adoptada por el presidente López Obrador establece en un segundo plano que quienes pagamos impuestos en la economía formal seremos los que garantizaremos el financiamiento, la cobertura y la gratuidad del nuevo esquema de salud.

Esto representa un duro golpe a la clase media mexicana y a todas personas físicas y morales que pagan impuestos.

Será más rentable vivir en la economía informal que, bajo la propuesta difundida, brindará todos los servicios de salud existentes, en todo momento y de manera gratuita.

Imaginemos las consecuencias económicas que eso puede significar.

En efecto, la recaudación de impuestos en cada estado y municipio podrían sufrir una merma significativa estimulada por la contraprestación de la gratuidad y cobertura de la salud.

Los organismos internacionales, cuando plantean el concepto de universalidad advierten de sus consecuencias y por eso previenen que debe ser autofinanciable, participativo y solidario a fin de que los beneficiarios también sean contribuyentes, además de que estos programas tienen que ser eficientes y, vale agregar, revisables periódicamente.

Otro efecto que está a la sombra del programa de salud, pero mal concebido, tiene que ver con el desmantelamiento del federalismo para reconstruir el centralismo presidencial.

El modelo impuesto retoma la concentración de decisiones nacionales, que va en contra de la estructura constitucional de la República mexicana. El Ejecutivo federal, a través de sus diferentes secretarios de gobierno, asumen el control y las decisiones en este tema, que es crucial para el rumbo democrático del Estado nacional.

Con sus defectos y en atención a las características de cada zona y región del país, las anteriores legislaturas procuraron la protección de los derechos fundamentales y por eso se federalizó el derecho a la educación, al trabajo y a la salud, entre otros.

Algunos gobernadores advirtieron del riesgo centralista del INSABI por las repercusiones financieras y fiscales que les significa y no por su compromiso social o democrático. En realidad, pierden poder político y legal frente a su población. Se convierten en una especie de virreyes.

En términos del federalismo, por los términos en que ha sido publicitado, el programa de salud rompe con uno de los conceptos por los que más ha luchado la población: la gobernanza.

Retomar las normas básicas, fijar límites al presidencialismo y buscar el equilibrio de poderes, es impostergable para no avalar el discurso que reconoce estados libres y soberanos que en los hechos son sometidos por decisiones centralizadas de “carácter federal", contrarias a la Constitución nacional, al sentido común y a la democracia.

No hay duda de que el país exige cambios y condiciones que resuelvan la enorme desigualdad de oportunidades, especialmente en materia de salud, pero se tiene que dar de manera racional y viable, en estructuras abiertas, programadas, presupuestadas, legales y viables para que sus beneficios tengan efectos democráticos.

El progreso no se da en esquemas políticos centralizados y clientelares, debe ofrecer bienestar para todos y promover la participación plural.