Hay cuestiones de interés nacional que, por la ansiedad de imponer una agenda pública, desestiman o ignoran principios constitucionales y dan paso a polémicas desgastantes que no solamente agudizan la polarización de la sociedad, sino que profundizan la incertidumbre nacional.

Por el tono planteado por el presidente López Obrador, la asignación de pensiones con hondas diferencias para indígenas, que los recibirían antes, y para mestizos, tres años después, carece de contexto y de argumentos para emprender una discusión razonada capaz de ir más allá de la discriminación clasista y el racismo. El arranque se quiso concentrar en los herederos de los pueblos originarios como únicos condenados a la pobreza.

Los indígenas no son las únicas víctimas del clasismo y el racismo en México. Ahí están los afromexicanos, cuya marginación puede resultar todavía más profunda porque es, además, cultural.

Es tan grave el desdén hacia los afrodescendientes, que ni siquiera han sido considerados en esta polémica. Quizá porque representan a unos 600 mil habitantes, el 0.5 por ciento del total de los mexicanos.

Para documentar con seriedad la discusión y evitar que la mayoría legislativa (por cierto, de Morena) modifique la Constitución para resguardar la voz presidencial, hay que recuperar varios asuntos:

En primer lugar, es esencial considerar que en México el 48.8 por ciento de la población en general vive en la pobreza, pero el 74.9 por ciento de los indígenas, según datos del CONEVAL correspondientes a 2018.

Además, en los 60 pueblos indígenas encuestados, los ancianos (con más de 60 años) representan el 10 por ciento de la población y apenas superan un millón de personas que, junto con las mujeres, subsisten en condiciones precarias porque, en caso de tener alguna enfermedad o problema físico, tienden a ser una carga familiar que empobrece al hogar.

Resulta inobjetable, en los hechos, que los ancianos indígenas,−pero también los afromexicanos− deben gozar de las mismas oportunidades de desarrollo del resto de la población, sin distinciones de clase, raza o ideología y hacer valer lo que establece la Constitución.

Es claro que no se puede legislar a partir de la ignorancia ni de las ocurrencias. Por eso, un segundo punto a considerar en esta discusión, está en las normas. Hay criterios validados por la Suprema Corte de la Nación para determinar quiénes son indígenas.

Destacan tres elementos que resultan definitivos y que pueden derivar en nuevos problemas en la eventual asignación diferenciada de pensiones: 1) el manejo de una lengua indígena, 2) la autoadscripción (esto es, reconocerse como indígena) y 3) la pertenencia a un hogar donde hay una persona que habla una lengua indígena.

Pero el tema de la autoadscripción puede ser el más complejo porque cualquier mestizo puede asumirse como indígena y exigir que la pensión no se les otorgue a los 68 años sino a los 65, como definió con frivolidad el presidente López Obrador.

Esto se fundamenta en el Artículo 2° de la Constitución en donde se reconoce “la conciencia de la identidad indígena” como criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo valida y el INEGI también reconoce la autoadscripción indígena para levantar sus encuestas.

Además, en materia de derechos humanos la autoadscripción es el criterio más adecuado, porque respeta la forma en la que se reconoce cada persona.

Un tercer punto, es que en el apartado B del mismo Artículo 2° constitucional se compromete a “la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Y para abatir carencias y rezagos, “estas autoridades tienen la obligación” de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, además de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad y proporcionar becas; el acceso a la salud y promover la integración de las mujeres al desarrollo.

Pero especialmente, y en esto ningún gobierno, incluido el actual, extender la red de comunicaciones para integrar a las comunidades, “mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación”; consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo ni asignar partidas específicas destinadas al cumplimiento de las obligaciones de este apartado en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Un cuarto y último tema que supera a la ignorancia y la inquina, y que se liga con lo anterior, está en la asignación integradora de recursos fiscales de manera permanente y no clientelar.

Un cambio verdadero de rumbo, no necesita de cambios legales sino de hacer valer las normas, especialmente la Constitución y, claro, actuar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas.

Promover oportunidades para los marginados, pero sobre la base de igualdad es el pasaporte a la verdadera transformación cultural para que sea la razón la que destierre la división de clases y el racismo.

Hace más de 500 años se planteó la división entre indígenas y mestizos. Ya es tiempo de cambiar la historia.

@lusacevedop