La orden del juez 16 de lo Civil de la Ciudad de México, Francisco Castillo González, de embargar y rematar las propiedades del académico del Colegio de México y colaborador periodístico Sergio Aguayo, quien hace cuatro años fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por “daño moral es un riesgo para los mexicanos en general.

Esto resulta porque el político, que también fue líder nacional del PRI, consideró que con sus escritos el articulista y politólogo había atentado contra su honor, su vida privada y su imagen pública, además de haber lesionando sus sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación.

Para resarcir el perjuicio que le había provocado la publicación, reclama una indemnización de 10 millones de pesos, además de una retractación pública.

El proceso que llegó hasta la exigencia del embargo de los bienes patrimoniales de Sergio Aguayo exhibió las graves distorsiones y la eventual corrupción en la impartición de justicia y el manejo político de la ley, también puso en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en México.

Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en general, y para la estructura jurídica de la Ciudad de México, en particular, es un serio problema de credibilidad porque, una sentencia local favoreció a Moreira en contra del fallo a favor de Aguayo pues el político coahuilense no pudo acreditar el daño moral que reclamaba, lo que vulnera a la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y su ejercicio es esencial para la existencia de una sociedad democrática.

No solo eso, la libertad de expresión es el fundamento del Estado de Derecho, sin el cual cualquier discurso en favor del bienestar, la construcción de una Cuarta Transformación o la lucha contra la corrupción, carecen de validez.

Cualquier gobernante con visión de Estado sabe que una labor indispensable consiste en favorecer el ejercicio de este derecho e impedir cualquier obstáculo que reprima su ejercicio.

En los sistemas democráticos, la libertad de expresión se debe ejercer sin cortapisas y se deben allanar las dificultades que eventualmente se puedan incorporar para su ejercicio, sean por la vía jurídica, económica o política.

Para quien cada mañana se presenta como un político liberal, debe preocuparse de cualquier obstáculo o violación a la libertad de expresión, no solo porque es un tema de seguridad nacional sino porque es parte de los derechos revolucionarios del constitucionalismo liberal del siglo XVIII.

La libertad de expresión representa la garantía de los ciudadanos (no solamente de los periodistas, como a veces se piensa) frente a las intrusiones y abusos del poder público.

Una de las tareas esenciales del gobernante, es asegurar que, en el marco de la división de poderes y como garante de la Constitución y tratados internacionales, se salvaguarden las garantías individuales, en donde la libertad de expresión juega un papel esencial para impedir que el voluntarismo de quienes tienen el ejercicio del poder deteriore la estructura democrática del país.

Especialmente es importante porque ahora parece que se retoma una advertencia que hiciera hace una década el lingüista y politólogo Noam Chomsky, quien decía que para un estado totalitario o un gobierno que se encaminara hacia esa ruta, no le importa lo que la gente piensa porque se le puede controlar, ya sea polarizándola, reprimiéndola, mediante la propaganda o acotando sus libertades.

El precedente judicial contra Sergio Aguayo, no solamente perjudica a una persona, sino que es en contra de las libertades de los mexicanos.

@lusacevedop