Por los hechos recientes, todo indica que en materia de justicia penal y de seguridad pública en México retrocedimos 12 años y regresamos al sistema inquisitivo y oscuro en el que solamente importaba acreditar la responsabilidad de un imputado sobre un hecho delictivo, bajo el principio del presunto culpable.

Cada mañana, desde hace poco más de un año, se han ido echando paladas de tierra a la reforma constitucional de 2008 con la que se dio paso al sistema acusatorio de la presunción de inocencia, que se mantiene hasta el momento en que se declara responsabilidad a partir de la sentencia emitida por un juez.

El caso más notable de esta percepción es la reciente captura del abuelo del niño que disparó y mató a una maestra e hirió a sus compañeros para luego suicidarse. Al detenido, la Fiscalía del estado de Coahuila lo responsabiliza de homicidio “por omisión de cuidados al menor” y por posesión de armas, una de uso exclusivo del Ejército.

Aunque el asunto no queda ahí y la sorpresa aumenta porque, como parte de ese proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que al tutor del niño ya se le congelaron todas sus cuentas patrimoniales por más de 100 millones de pesos, la compra de 6 camionetas de lujo en los últimos 6 años, además de que se localizaron varios depósitos en instituciones de Estados Unidos. Según la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, los recursos no corresponden a los ingresos de la familia.

Estos datos podrían parecer normales en una investigación policiaca tradicional o de índole distinta, que no es este caso, aunque eso pretende el simplismo de la 4T.

Recordemos que, en febrero de hace un año y como parte de la polémica “austeridad republicana”, el gobierno del presidente López Obrador propuso que los abuelos recibieran una ayuda económica para cuidar a los niños que ya no asistirían a las estancias infantiles que, al desmantelarlas, se daría un duro golpe a la corrupción.

Pero la realidad nacional supera por mucho a la ficción de la 4T y, sobre todo, a la banalidad de las autoridades estatales y federales.

Los abuelos que hace poco eran objeto de elogio y se les veía como la salvación nacional, hoy su imagen es denostada.

El niño de Torreón era considerado intelectualmente sobresaliente y de buena conducta. Vivía con sus abuelos porque su madre había fallecido. Su padre estaba alejado de el, sin que hayan trascendido las causas del abandono ni la relación entre el padre y su hijo de 11 años. Tampoco se conoce la historia de vida y las actividades del padre ni de los abuelos.

Por impactante, solamente conocemos la anécdota de la tragedia y lo que mediáticamente interesa a las autoridades estatales y federales, como la construcción de un proceso que se pueda resolver con rapidez, sin pretender siquiera acercarse a las causas del problema para encubrir las deficiencias estructurales de la justicia y sin considerar que, de la eficacia y profundidad de la solución del caso, se podrían construir políticas públicas que contribuyan tanto al fortalecimiento de la salud social como al reconocimiento de las normas de convivencia.

Por ahora se insiste en las salidas que ofrece el juicio mediático que, al inducir la culpabilidad del abuelo sin una sentencia jurisdiccional, contribuye a debilitar el estado de derecho.

Hasta hace poco, en México los procesos judiciales partían de la comisión de un delito y su acción penal debía satisfacer tres pasos: primero el de la investigación; segundo, la preparación a juicio, en donde las partes presentan pruebas y, tercero, el desahogo de las pruebas con lo que se llega a la sentencia.

Pero, con la frivolidad de los informes oficiales y la cotidianidad de las acusaciones del responsable de la UIF, avalado por el Jefe del poder Ejecutivo, se ha minimizado la fuerza de la justicia del sistema acusatorio que tendría que reforzar a la seguridad pública.

Así, día con día se tira por la borda el objetivo de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se reparen los daños causados por el delito. Con estas acciones, en realidad, se afecta la integridad de las víctimas, al tiempo que la corrupción se fortalece y se promueve un clima de venganza.

Caminamos de la glorificación a la injuria.

Siempre habíamos pretendido evitar que nos hicieran de chivo los tamales; pero, en los hechos, son de chivo… los abuelos.

@lusacevedop