La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró a Manuel Bartlett Díaz de cualquier duda de enriquecimiento inexplicable durante su larguísimo desempeño de casi medio siglo como servidor público y lo eximió también de toda responsabilidad legal por haber ocultado información sobre su patrimonio al no haber informado a la sociedad de su abultado patrimonio familiar, que pudo ser un conflicto de interés.

En nombre de la Cuarta Transformación, Irma Eréndira Sandoval se encargó de excusar al hoy director de la Comisión Federal de Electricidad en una ceremonia prácticamente idéntica a la de Virgilio Andrade, entonces secretario de la Función Pública, cuando dispensó a su jefe, el presidente Peña Nieto, por la sospechosa adquisición de la Casa Blanca acreditada a su esposa Angélica Rivera.

A diferencia de lo sucedido en el gobierno anterior, ahora la secretaria Sandoval rechazó que la actual SFP proteja o blinde a persona alguna. En aquel momento los argumentos fueron diferentes.

Bartlett, quien venía arrastrando algunas carpetas de investigación debido a una denuncia periodística en la que se conjeturó que sus ingresos anuales superan los 11 millones de pesos y que su fortuna se apoya en múltiples negocios y 23 propiedades a nombre de familiares y prestanombres, cuyo valor rebasa los 800 millones de pesos, evitó dar las explicaciones que exige la norma sobre el extraordinario origen de sus recursos, siendo que sus ingresos siempre han sido en la burocracia.

Sin transparencia y como en gobiernos anteriores, políticamente fue liberado.

El resultado del informe de la secretaria de la Función Pública de la 4T, si bien no resulta sorprendente, pareciera responder al pie de la letra de la defensa que desde agosto ha hecho el presidente López Obrador sobre Bartlett.

Desde entonces, ha dicho que está muy satisfecho de su trabajo, lo que se ha traducido en su aval político y una forma de limpiar su imagen moral, al grado de asegurar que representa para el gobierno actual un gran apoyo “en el propósito de limpiar de corrupción la CFE”.

Fuera del ámbito político y mediático, en lo que puede parecer hasta virtuoso, Bartlett nunca se ha esforzado en litigar su prestigio. No lo hizo cuando en la elección de 1988, siendo secretario de Gobernación y responsable de las elecciones “se cayó el sistema” y en ese turbio escenario, Carlos Salinas de Gortari obtuvo la presidencia de la República frente a Cuauhtémoc Cárdenas.

Quizá la sorpresa surge porque el veredicto de Irma Eréndira Sandoval coincide con la reedición del libro Corrupción y Gobierno, escrito por su suegra Susan Rose-Ackerman, que trata precisamente de los sobornos rutinarios y de la corrupción en las contrataciones públicas y privadas. Lo que es la vida, en círculos íntimos de la administración pública, la secretaria se ha desbordado en halagos y recomendaciones.

Pero en especial, el texto escrito por la madre de su esposo y con el aval de la Universidad de Yale, se centra en la corrupción política y en la importancia de las herramientas de rendición de cuentas, así como en el tratamiento de la cultura como fuente de corrupción enquistada, asuntos que no se alcanzan a observar en la resolución presentada por la Secretaría de la Función Pública de la 4T.

Por las coincidencias con lo sucedido en el gobierno de Peña Nieto y en el actual, en la política mexicana toma fuerza la figura del cínico que siempre expresa bondad y beneficio común sin, jamás, hacer explícitos los intereses que lo guía para engañar a las mayorías mediante un cambio que generalmente no llega como se ofrece, pero que reconstruye y refuerza a las élites políticas y a los grupos de poder.

@lusacevedop