La alta tasa de letalidad por covid-19 en México en comparación con otros países y con la media global responde no exclusivamente (aunque así lo quisieran mañosamente presentar los enemigos de Hugo López-Gatell) a los errores estratégicos cometidos por el gobierno federal en la gestión de la pandemia. 

En adición a ellos, existen factores denominados estructurales. 

Con ello no me refiero a los errores u omisiones de los gobiernos en turno, sino al edificio de salud pública construido a lo largo de las últimas décadas, y ciertamente, heredado por la presente administración.

La Salud Pública en México

Entre estos factores estructurales se encuentran las deficiencias del sistema de salud pública, la escasez de inversión pública y privada, y las condiciones generales de salud de la población mexicana. 

En relación con este último, el senador Martí Batrés anunció ayer la noticia de que el Senado de la República había aprobado reformas a la Ley General de Educación con el propósito de incorporar disposiciones que prohiben la venta de comida chatarra en establecimientos cercanos a las escuelas de educación básica. 

El dictamen, en este contexto, fue aprobado por 107 votos en la Cámara Alta.

México, número uno en consumir refrescos

Si recordamos que México se ubica en el primer lugar como consumidor per cápita de refrescos de la marca estadounidense Coca-Cola (sorprendentemente por encima de los Estados Unidos y Brasil) y con índices de obesidad infantil y diabetes como principales causas de muerte, la reforma enviada ayer a la Cámara de Diputados se presenta como una iniciativa coherente, basada en la evidencia y dirigida a la atención de un problema grave de salud pública.

Algunos analistas argumentarán que la ley infringe libertades. Desde mi punto de vista, se equivocan. Los mexicanos hemos demostrado, principalmente a raiz de las restricciones impuestas por motivo de la pandemia, que actuamos en los límites de las interdicciones. 

En otras palabras, sin un Estado fuerte que regule nuestra conducta, la sociedad mexicana reacciona hasta los límites permitidos.

Más allá de las reformas que pueda proponer la Cámara baja, el impacto real de la iniciativa dependerá en su implementación por parte de las autoridades, principalmente frente a la oposición de las marcas de alimentos procesados ricos en azúcares y grasas saturadas.

En suma, la ley federal antichatarra, la cual viene a sumarse a otras iniciativas estatales como la presentada en el estado de Oaxaca hace algunos meses, representa una importante política pública en favor de limitar, o en el mejor de los casos, desincentivar, el consumo de alimentos que dañan la salud de los niños y niñas mexicanos.