La violación al Estado laico por parte del presidente López Obrador es reiterativa, seguirá suscitando controversias y hará correr mares de tinta hasta el último día de su pontificado. Sus constantes referencias al Evangelio y al mensaje cristiano ponen de manifiesto su desdén por la Constitución, por la ley y por los principios liberales del siglo XIX que él mismo se jacta de enarbolar.

Mientras en 2000 priistas y perredistas se rasgaron las vestiduras —como el Sanedrín— cuando el recientemente inaugurado presidente Fox recibió públicamente un crucifijo de manos de su hija, ahora la “izquierda” calla y solapa las contradicciones del mesías tropical, como acertadamente llamó Enrique Krauze al actual presidente de México.

Una vez más, como es costumbre, López Obrador extralimita sus competencias constitucionales. El artículo 89 de la Carta Magna establece las prerrogativas del presidente de la república, entre las que destacan promulgar las leyes, expedir decretos, conducir la política exterior, presentar al Senado candidatos para la Suprema Corte, entre otras. Sin embargo, no leemos en el texto constitucional la facultad de servir de guía de la vida espiritual de los mexicanos, ni las competencias legales para difundir el mensaje del Evangelio, ni para pontificar desde Palacio Nacional como si se tratase de la Catedral Metropolitana o la Plaza de San Pedro.

Las frecuentes referencias al mensaje cristiano por parte del presidente López Obrador suponen una flagrante contradicción a los principios juaristas, y más se asemeja al conservadurismo decimonónico. Su mensaje religioso, transmitido desde el púlpito presidencial —como si de una misa se tratase— supone una violencia verbal contra millones de mexicanos que profesan alguna de las religiones minoritarias: judíos, musulmanes, hinduistas o que simplemente se declaran abiertamente ateos o agnósticos.

El 1 de julio de 2018 el pueblo de México eligió a un presidente de la república, cuyas funciones están estipuladas en el artículo 89 de la Constitución; no a un pastor, misionero, obispo o sumo pontífice. López Obrador se debe al pueblo de México, quienes libremente eligieron a un jefe de Estado, así como a un ordenamiento jurídico que establece un Estado laico donde la religión queda reservada al ámbito privado.

El pueblo de México exige un gobierno funcional que articule políticas públicas que permitan sortear la crisis provocada por la pandemia, combatir la pobreza, atenuar la desigualdad, recibir una educación de calidad y recuperar la gobernabilidad perdida en manos del crimen organizado. La religiosidad del pueblo mexicano no debe servir como un instrumento para la propaganda gubernamental ni para la manipulación de las conciencias con fines electorales, pues el catecismo se imparte en los templos, no en Palacio Nacional.