Destacados intelectuales y analistas de la vida pública de México como Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar, entre otros, han dedicado buenos espacios a abordar el tema de las controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte contra leyes y decretos promulgados por el presidente López Obrador y legislados por el Congreso con mayoría morenista.

A la luz de la reciente investigación realizada por la revista Nexos, prácticamente todas las leyes de la presente legislatura han sido objeto de litigio ante el tribunal, bajo serios argumentos legales y exentas de argucias políticas. Ello pareciera revelar un desdén hacia la letra de la Ley y hacia la cultura de la legalidad. Sea que los legisladores desconocen el Derecho -y legislan a ciegas- o que el espíritu de sus acciones oculta un desprecio por las normas jurídicas.

Stephen Breyer, juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos -jurista liberal nominado por el presidente Bill Clinton- ha planteado espléndidamente en sus obras la historia judicial de su país y el desarrollo histórico de una cultura de la legalidad, entendida ésta como el “deber ser” de las acciones públicas y la obligación de acatar la Ley.

A manera de ejemplo, la derrota de Al Gore en las elecciones 2000 frente a George W. Bush fue dirimida por el poder judicial tras una feroz batalla legal en Washington. Al final, la Corte ordenó la suspensión del conteo de votos en Florida, y concedió la victoria al republicano. El vicepresidente Gore, fiel a la tradición de respeto a la cultura de la legalidad, acató la decisión de la Corte. Ante este escenario desfavorable, no observamos a Gore ni a sus partidarios bloquear Constitution Avenue u organizar mítines en Madison Square Garden; diferente a los bochornosos eventos del Zócalo en 2006 tras el triunfo -avalado por el Tribunal Electoral- de Felipe Calderón.

En este tenor, la legitimidad de una corte suprema, y la capacidad de nueve u once individuos de alterar el rumbo de una nación ha sido objeto de controversia y debate público. Algunos arguyen que una corte no cuenta con la legitimidad de echar por tierra lo legislado por cámaras revestidas de la autoridad de una nación. Sin embargo, el poder judicial es un pilar fundamental de la convivencia democrática y un freno a las pretensiones del Ejecutivo, y más aún, de un presidente con mayorías en el Legislativo.

El campo legal no merece convertirse en terreno de batallas políticas, pues no de debe ser la Corte quien defina el tipo de presidente que México necesita -como augura Aguilar Camín- sino el pueblo de México a través de sus representantes en el Congreso con la plena legitimidad alcanzada en las urnas; siempre que cumpla con la ley fundamental y con la interpretación que de ésta haga el poder judicial.

En otras palabras, no todo lo ideológicamente deseable y políticamente redituable cabe en el marco de la Ley. Los elementos ideológicos de un partido o movimiento político no deben sobreponerse -ni siquiera en la sacrosanta 4T- a lo que dicta la Ley, y sobre todo, al Derecho constitucional.