Sin menoscabo de las hostilidades que se perciben entre el Gobierno Federal y el Ejecutivo de Jalisco, será interesante conocer lo que derive de la investigación de oficio que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) luego de que, aunque tarde, decidiese atraer el caso del asesinato de Giovanni López, quien murió el pasado 5 de mayo estando bajo custodia de la Policía Municipal de Ixhuatlán de los Membrillos, Jalisco. Rosario Piedra Ibarra, tiene ante sí la oportunidad de convalidarse, y mostrar que la CNDH aún puede ser una institución útil y confiable y que puede tener autonomía e independencia.

La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ha sido cuestionada desde el mismo momento en que asumió como titular de la institución por las condiciones en que llegó, pues no podemos olvidar que se habló de fraude e ilegalidad en su registro; se le ha criticado además por guardar silencio en temas que debiese intervenir o por dejar otros para evitar señalar al partido Morena y a la Cuarta Transformación; asuntos como la defensa de los migrantes, falta de medicamentos a niños con Cáncer y atención hospitalaria, militarización, violencia contra las mujeres, asesinatos de defensores ambientalistas, seguridad pública, desapariciones forzadas, y un largo etcétera en temas que ha brillado por su ausencia de manera justificada o injustificadamente.

Por ello, en este caso que ha decidido intervenir, deberá culminar una investigación sólida, convincente, sin dejar margen a interpretaciones que pudiesen advertir una posición sesgada o revanchista hacia un gobierno que le es adverso o por decir, incómodo, a la actual administración federal.

La CNDH, a través de un comunicado, expresó que se investigarán presuntas violaciones a los derechos humanos en que habrían incurrido autoridades estatales al realizar la detención de personas, entre ellas menores de edad, y la utilización de “gases lacrimógenos y palos para repeler las agresiones de que fueron objeto, presuntamente por parte de los manifestantes”.

“Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como por, autoridades y servidores públicos de la misma entidad federativa, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, esta Comisión Nacional realizará las investigaciones conducentes y a fin de integrar el expediente de queja y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, dijo la funcionaria.

Y decimos que la CNDH llega “tarde” al tema, porque fue incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la que intervino primero emitiendo 12 recomendaciones al Gobierno de Jalisco para pedir se investiguen los hechos ocurridos el jueves 4 y viernes 5 de junio en el marco del respeto a los derechos humanos, así como de abordar los presuntos abusos cometidos por la fuerza pública.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que decidió aceptar a plenitud todas las recomendaciones del organismo internacional para atender la crisis de seguridad originada por el asesinato de Giovanni López.

Y decimos “tarde”, porque también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, estuvo presta desde el primer momento que se conoció a la opinión pública el presunto asesinato de Giovanni; se dispuso a realizar su propia investigación y trabajar de la mano con el Gobierno de Jalisco tanto para el seguimiento al tema del homicidio del joven como para acompañar y vigilar los procesos de las personas detenidas tras las manifestaciones que se llevaron a cabo los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio.

De hecho, tras analizar la detención y el parte médico del joven Giovanni López, ayer jueves entregó ya su informe, el cual concluye “existen elementos para acreditar que se trató de una ejecución extrajudicial”.

"De acuerdo con los derechos humanos violentados, y acorde a la línea jurisprudencial internacional y demás lineamientos, se está ante un caso de una ejecución extrajudicial en la que se privó de la vida a Giovanni López, ya que su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en instalaciones del gobierno municipal", determinó la Comisión.

Se constató, según el informe, que los actos cometidos por los agentes municipales fueron realizados con toda la intención de someterlo, causarle sufrimiento e intimidarlo.

“Al golpearlo en repetidas ocasiones, los agentes generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal”.

Por lo anterior, la CEDH de Jalisco emitió una recomendación al gobernador Enrique Alfaro Ramírez para la reparación integral del daño a la familia de Giovanni López, así como para garantizarle el acceso a la verdad y a la justicia.

De igual forma, emitió recomendaciones al Congreso del estado, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Jalisco y al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos para que, a través de reformas, hechos como este no queden impunes.

Asimismo, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomar en cuenta este informe para exigir el desahogo del debido proceso, la identificación plena de los responsables y las medidas integrales para la reparación del daño.

Es pues, como ya decía, la oportunidad para que Rosario Piedra se logre despojar del estigma de polémica que viene cargando y se plante ante la sociedad como una servidora pública capaz y confiable y que no actúa solo con base a lo que le dictan desde fuera de las paredes de la Comisión a su cargo.

Una ocasión ideal, de Uriel forma, para que la CEDHJ se convalide y muestre su real utilidad pues también se ha visto en señalamientos de inocuidad.

Y es, además, la oportunidad del gobernador Enrique Alfaro de mostrar apertura y condescendencia como ya lo hizo aceptando desde el primer momento las 12 recomendaciones de la ONU y permitiendo que instancias distintas como la Fiscalía General de la República (FGR), ONU, CEDH Jalisco y ahora la CNDH intervengan en las investigaciones, de manera que se pueda llegar al fondo de los hechos en un marco de colaboración y de justicia, que no de margen a más oscuridad u opacidad en este controvertido caso, que tanta crisis y caos desencadenó.