Cusi vs. Azcárraga y las irregularidades legales del caso

Un mes después de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, en mayo de 1997, su heredero Emilio Azcárraga Jean notificó ante la Securities Exchange Commision (SEC), organismo regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, que había incrementado su participación accionaria de 10 a 50.3% sobre el capital de Televicentro, controladora de Grupo Televisa.

 

¿Por qué es interesante este hecho y, sobre todo, la fecha en la cual aconteció? Simple, es probablemente uno de los despojos más descarados que se ha hecho, para adquirir el control de uno de los medios de comunicación más importantes del país.

 

El incremento en las acciones de Azcárraga Jean jurídicamente no pudo haber tenido lugar dado que no se había abierto aún la sucesión de Azcárraga Milmo, esto quiere decir que sus bienes permanecían en el patrimonio de la sucesión; no se había llevado a cabo ni el inventario ni el avalúo del patrimonio a ser heredado y, por lo tanto, las acciones se encontraban en posesión de los albaceas testamentarios.

 

Es precisamente a los albaceas Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín a quienes les corresponde explicar cómo es posible que el mismo año en el que murió Azcárraga Milmo, su hijo se ostentara ante las autoridades de Estados Unidos como titular del 50.3% de las acciones de Grupo Televicentro y, por lo tanto, como la persona al mando y con el control de Grupo Televisa.

 

Es precisamente esta situación la que llevó a Paula Cusi, quien es la última esposa de Azcárraga Milmo, a interponer una demanda por el presunto despojo de la sexta parte que le correspondía del legado de su esposo, en contra de Emilio Azcárraga Jean el día 09 de enero de 2007. Demanda que hasta la fecha cuenta con 40 codemandados, incluidos los albaceas de la sucesión, a las hermanas y primos de Azcárraga Jean, así como funcionarios y exsocios de Televisa.

 

Cusi argumenta que hubo una maquinación para despojarla del 16.6666% que le correspondía en la sucesión de su esposo, así como para autorizar pagos y compras de acciones y Certificados de Participación Ordinaria (CPO). De esta manera, Azcárraga Jean pudo tener el control del consorcio sin cumplir con el reparto de bienes y acciones en las tres empresas vinculadas a Televisa: Grupo Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C.

 

Ahora, el caso se complica, porque después de años de litigio, Paula Cusi Presa Matute fue detenida el día de ayer por la mañana y consignada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de falsedad de declaración en forma reiterada precisamente en el juicio que ella misma inició.

 

Lo más sospechoso del asunto, fue la forma en la que fue detenida, ya que fueron ocho agentes de la procuraduría capitalina quienes, en un evidente exceso de fuerza, la detuvieron en el momento en el que apenas iba a rendir sus declaraciones en una de las partes fundamentales de un juicio: el desahogo de pruebas.

 

César García Méndez, quien es el abogado de Cusi desde el inicio de todo este conflicto, declaró que “no existió ningún tipo de citatorio que hiciera del conocimiento… las imputaciones en su contra ni tampoco la existencia de una denuncia en contra suya”.

 

La ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo se negó a rendir su declaración preparatoria ante el Juzgado 69 Penal, que es el que libró la orden de aprehensión en su contra, sin embargo, se acogió al artículo 20 constitucional y se reservó su derecho a contestar preguntas del Ministerio Público.

 

Su representante legal pidió la duplicidad del término de 72 horas, por lo que será el próximo domingo cuando la juez definirá su situación jurídica al dictarle auto de formal prisión o de libertad.

 

Este es evidentemente un tema bastante ríspido, nacido de un acto ilegal por parte de Azcárraga Jean. No es coincidencia el momento en el que fue detenida, no es coincidencia que no se le permitiera desahogar las pruebas y tampoco es coincidencia la forma en la que fue detenida.

 

La justicia, históricamente, se ha visto sometida al dinero. Quien puede comprarla la obtiene, y este se está volviendo un claro ejemplo.

 

En su columna relativa al tema, Federico Arreola dio al clavo con la siguiente frase: “Creo que estamos ante una prueba de que, en México, en los litigios, no solo hay que tener la razón legal y saber demostrarla, sino contar con el poder, político o económico suficiente, para hacerla valer.”

 

Esperemos que en este caso, las cosas puedan ser diferentes, para variar.

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