Al desaparecer la Policía Federal, todos los elementos que no sean colocados en la Guardia Nacional o en cualquier otra dependencia del gobierno, serán dados de baja y sus nombres aparecerán en la temida “Plataforma México”, con lo cual quedarán imposibilitados para volver a trabajar en puestos relacionados con su especialidad.

Y lo que es peor, junto a sus nombres aparecerá cual pre o sufijo la leyenda: “No aprobó las pruebas de confianza”, lo cual no será cierto, porque las causas de sus bajas en la federal serán otras. ¿Cuáles? Muchas y muy diversas, como el sobrepeso de algunos, su renuencia a integrarse a una Guardia Nacional que ni cuarteles tiene, la falta de equipamiento, la ausencia de apoyos para cambiar de residencia, pero ninguna relativa a que no sean confiables o que hayan reprobado las mentadas “pruebas de confianza”, que por cierto, en sí mismas son inconstitucionales porque el polígrafo que utiliza el gobierno para medir tal cosa, es manipulable, subjetivo y ese sí, poco fiable.

Les platico: Un solo abogado de Monterrey ha ganado más de 300 juicios contra autoridades federales, estatales y municipales, por el despido injustificado de elementos policíacos. 

El más reciente corresponde al juicio de Amparo número 529/2018 promovido por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Monterrey, que fue despedido por sus jefes por “quítame estas pajas” y que como consecuencia de ello, su nombre fue inscrito en la “Plataforma México”, imposibilitándolo para conseguir otro trabajo.

El 27 de febrero pasado, Enrique Sustaita Piñón, director del C5 de Monterrey, acató mediante el oficio 4777, la resolución del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, donde dictamina que el elemento policiaco en cuestión fue objeto de una baja injustificada y por consecuencia ordenó que le fueran pagados salarios caídos y todas sus prestaciones de ley, y lo más importante, el juzgador ordenó a las autoridades federales que retiraran de “Plataforma México” el nombre del afectado.

¿Por qué los jefes de la seguridad pública estatal, municipal y federal perjudican de tal forma a elementos que son dados de baja por causas muy alejadas a no ser confiables? Según el abogado Gustavo Martín Torres Hernández, eso se debe a que a las autoridades se les hace fácil llenar el formato de baja anotando “por pérdida de confianza”, sin respetar la experiencia, formación académica y sus logros ni especificar las causas reales, que muchas veces se debe solo a que les caen gordos a los jefes.

Del 2006 a la fecha, Torres Hernández nada más ha perdido 3 casos y esto porque sus clientes fueron coyoteados para aceptar negociaciones desventajosas promovidas por sus empleadores municipales, estatales y federales.

Tiene 30 años en el oficio, de los cuales, en los últimos 12 se ha especializado en llevar juicios de amparo indirecto administrativo que a lo mucho se llevan 6 meses para que la instancia federal emita su veredicto. 

Me dijo que si Arturo Durazo cumple su amenaza de dar de baja a los policías federales que no se integren a la Guardia Nacional o a otras dependencias -aunque sea por estar pasados de peso- estará cometiendo una violación flagrante a las garantías individuales y laborales de miles de elementos.

“Esas garantías son constitucionales y el juicio de Amparo es la herramienta para dejar insubsistente las bajas de los elementos que no acepten o no sean requeridos para la Guardia Nacional”, añadió.

¿Recuerdan ustedes a la Policía Federal de Caminos? Bueno, pues fue extinguida en un proceso parecido a lo que quieren hacer ahora. Los elementos de esa corporación que operaba en las carreteras nacionales, fueron obligados a incorporarse a la Policía Federal, lo cual provocó un despido masivo”, expresó.

Ante esto le pregunté ¿y por qué no los defendió usted? Y me respondió que cuando eso ocurrió -hace 15 años- los juzgados federales no tenían criterios uniformes para dictar resoluciones. Pero esas leyes fueron modificadas y ahora sí, cualquier elemento que quiera ser obligado a formar parte de otra corporación, tiene todas las de ganar mediante los Amparos que él promueve.

Torres Hernández ha seguido de cerca la evolución de lo que está pasando y considera un error lo que los elementos federales están haciendo, al tomar casetas de peaje en las carreteras.

“Por andar en esos actos vandálicos están perdiendo tiempo muy valioso, porque desde que les notifican su baja, corre un término legal de 15 días para promover el juicio de Amparo. Si no lo hacen en ese tiempo, se fregaron.

CAJÓN DE SASTRE

“Entonces, ya saben, amigos de la federal, si quieren que las cosas se hagan legalmente, aquí está el celular y correo del único abogado de México especializado en atender casos como los de ustedes: 811 154 9879 

gmth.1265@hotmail.com y olvídense de Felipe Calderón y de andar regándola haciendo plantones, manifestaciones y afectando a los automovilistas; la solución es legal y aprovechen que México es un país de leyes… todavía”, dice la irreverente de mi Gaby.

placido.garza@gmail.com

PLÁCIDO GARZA. Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Forma parte de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe para prensa y TV. Maestro de distinguidos comunicadores en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras. Como montañista ha conquistado las cumbres más altas de América.