Hedor por corrupción conduce a Calderón y Peña

FCH y EPN
Felipe Calderón y Enrique Peña Internet

Deberán rodar cabezas de cercanos a expresidentes, ¿seguirían ellos?

Durante más de 18 meses, un importante sector de la población identificado mayormente entre aquellos que votaron en un sentido diferente a la Cuarta Transformación han venido cuestionando e incluso retando al gobierno actual a ofrecer resultados en el combate a la corrupción y meter presos a quienes cobijados por gobiernos anteriores malversaron recursos del erario público fincándose escandalosas fortunas personales. Solo ha sido tras el anuncio de la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunciada la semana pasada, y la confirmación de la extradición del ex titular de Pemex Emilio Lozoya, que se ha configurado una expectativa que genera cierta esperanza entre los quejosos, de que las autoridades tienen trazado un camino que llevará a ver caer a una serie de corruptos del más alto nivel que cometieron sus tropelías principalmente bajo las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Si bien la detención del ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, ocurrida el 12 de febrero de 2020 en la Costa del Sol en España, despertó cierto interés y se le dio un seguimiento puntual, muchos pensaron que no lo verían tras las rejas sabedores de que su proceso judicial se llevaría en la Madre Patria y la justicia mexicana difícilmente lo alcanzaría.

Pero una vez que se ha hecho oficial su aceptación de ser extraditado a México, y su disposición manifiesta a “entregar cabezas” a cambio de ver reducida su pena, es que se empieza a generar otra vez no solo la expectativa de verlo en la cárcel sino que ha dado pie a incrementar el morbo de cuantos más personajes caerán con él durante el proceso que se le seguirá en territorio mexicano.

Habrá que recordar que Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex de 2012 a 2016, está acusado de “lavado” de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Desde mayo de 2019 se encontraba prófugo tras verse acorralado por diversas investigaciones entre las que se le inculpaba de haber recibido sobornos por 5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de entregar una licitación por 115 millones de dólares para una refinería en Tula, Hidalgo.

Está también acusado de participar en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados propiedad de Altos Hornos de México, por la que Pemex habría pagado 500 millones de dólares siendo que estaba valuada en 50 millones de dólares.

Según Lozoya, esta compra-venta inflada, habría estado avalada por el presidente Peña Nieto, el ex secretario del Hacienda, Luis Videgaray, así como el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

De estos y otros actos de corrupción tendrá que responder Lozoya Austin, quien incluso ya había pedido se citara a declarar a Peña Nieto. Por medio de su abogado, ha advertido contar con grabaciones que inculpan a otros muchos altos mandos y está decidido a mostrarlas a fin de ver reducida su condena, así que no pocos personajes de las administraciones inmediatas anteriores deben estar haciendo maletas planeando una eventual escapada ante la sospecha de que su cabeza será puesta sobre la mesa.

Uno de los gobiernos estatales más corruptos de los últimos tiempos, según especialistas, ha sido el encabezado por el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, quien está acusado de dejar en bancarrota al estado norteño. Se le responsabiliza del desvío y disposición indebida de un mil 200 millones de pesos y haber entregado recursos del estado a campañas políticas del PRI en 2015.

“En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, “tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6,000 millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015, lo cual fue conocido como la “Operación Safiro” (con “s”) en el cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

La “Operación Safiro” quedó al descubierto tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y luego con la captura de Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, se supieron más detalles”, (Infobae 9/julio).

Sobre “el otro Duarte”, como se le conoce al ex gobernador de Chihuahua, detenido en Miami, Florida, la semana pasada, pesaban 21 órdenes de aprehensión por diversos delitos. Su captura ha venido a alentar no solo la posibilidad de verlo tras las rejas después del grave daño que causó a las arcas gubernamentales; de ahí que no resultase extraño que ciudadanos chihuahuenses tomaran las calles en caravanas de autos para celebrar en cuanto se enteraron de su detención, tras tres años de haberse encontrado en calidad de prófugo. Ahora deberá seguirse el proceso de extradición para que sea juzgado en México.

A las mencionadas capturas, se espera habrá de sumarse en breve la del ex director de la Agencia de Investigación Criminal de lo que fuera la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, acusado de “lavado” de dinero, peculado y tortura en el caso Ayotzinapa.

Hay versiones de que se tiene ubicado a Zerón en Canadá a donde habría huido desde finales del año pasado y de acuerdo con información de medios, la Secretaria de Relaciones Exteriores ya inició los trámites para extraditar a quien estuvo bajo el mando del ex procurador Jesús Murillo Karam, en el sexenio de Peña, y quien seguramente será uno de los nombres que estarán envueltos por lo menos en el caso Ayotzinapa.

De tal manera que con la extradición de Lozoya que podría ocurrir en esta misma semana, la captura de Duarte, y la posible detención de Zerón, hay motivos para pensar que en breve comenzarán a caer uno a uno personajes del más alto nivel que habrían colaborado en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Sin olvidar por supuesto que en una corte de Nueva York, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta un proceso por conspiración y tráfico de drogas, y falsear información entre otros delitos que seguramente no cometió solo y por lo menos conocía Monte Alejandro Rubido Garcia, quien fue subsecretario de Prevención del Delito de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente titular de la Comisión Nacional de Seguridad bajo la administración de Peña Nieto.

Habremos de estar pendiente de las declaraciones de los detenidos quienes estarían dispuestos a salvar el pellejo entregando a sus “amigos” con los que disfrutaron de las mieles del poder y del dinero de los mexicanos en los sexenios recientes.

Ha llegado el momento de rendir cuentas y no pocos ex poderosos deben estar temblando ante la muy viable posibilidad de escuchar sus nombres en los procesos judiciales que se avecinan. Parece que se comienza a cerrar el círculo y todos los caminos llevan a Calderón y Peña Nieto.

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