Indefinidamente se han suspendido, desde 2020, las visitas familiares para las personas que forman parte de un juicio de guarda y custodia. Aún para aquellas que ya contaban con un acuerdo obligatorio, igual para las personas que señalaron como sede para los encuentros los juzgados familiares que para aquellos que acordaron fines de semana o periodos en donde resida la madre o el padre que no viva con el menor.

Prácticamente, el Poder Judicial ha dejado en manos de la buena voluntad el hecho de que las personas menores de edad puedan convivir con sus madres o padres colocando por encima los posibles contagios de covid-19  a los que, supuestamente, podrían estar expuestos.

Eso mientras...igual amigos que desconocidos pueden encontrarse en restaurantes y plazas comerciales.

Pareciera que el interés superior del menor no fuese prioridad dentro de la agenda de reactivación, probablemente, porque no genera dinero.

Camila y su madre Cynthia llevan más de 3 años sin poder estar juntas. Fueron separadas primero, por el padre de la niña; luego, por la falta de dinero para acceder a una defensa legal adecuada que dejó a la pequeña bajo el techo de su padre y finalmente, por la pandemia. 

En el origen de una relación abusiva, Cynthia Moore fue incitada a las drogas, violentada y finalmente, embarazada desde los 17 años por parte de Carlos “N”, quien mantiene una diferencia de 20 años con ella.

Después de que Carlos “N” obligara a la joven Cynthia a utilizar sustancias, aquel fue el principal argumento para quitarle a la niña y  contraer matrimonio con una mujer distinta a la que hace pasar por “madre” ante la pequeña Camila, cuya confusión a sus pocos 7 años es peor que no poder ver a su verdadera madre porque ni las autoridades ministeriales ni los juzgadores han podido priorizar su bienestar ante las adversidades.

El caso de alienación maternal que sufre la pequeña Camila es apenas representativo: 4 de cada 10 menores han quedado bajo la custodia de sus progenitores masculinos por la falta de recursos para acceder a una defensa legal digna que permita a las madres quedarse con sus hijos.

Entre la violencia económica y estructural ante la que, mayoritariamente, los hombres cuentan con más recursos económicos tanto a criterio de juzgadores como al momento de contratar abogados, las madres quedan prácticamente varadas en deudas, soledad, falta de justicia y una presión por acumular lo máximo posible para que un juez pueda permitirles pelear por la guarda y custodia de sus menores.

Carlos “N” ha cambiado al menos en tres ocasiones de domicilio tratando de ocultar a la pequeña Camila, aún cuando la ley se lo prohíba. 

Para la pequeña, el único consuelo son dos horas vía Zoom con su verdadera madre y 24 horas con la nueva esposa de Carlos “N”, dentro de contextos de manipulación y violencia psicológica que no han podido ser evaluados y probados a causa de la pandemia.

Una pantalla es insuficiente para una madre y una hija que son lapidadas por el machismo de juzgadores cercanos al padre, medidas administrativas que ignoran a las familias y tratados internacionales que hablan sobre derechos de la niñez, como a la verdad y al contacto maternal, pero que no se hacen realidad.

La pequeña, de nacionalidad norteamericana, no ha logrado siquiera tener acceso a la protección de la embajada de EU en México: la justicia está fuera de servicio… pero le invitamos a tomarse un café en su negocio favorito.